"Tenemos suficientes indicios razonables y derecho para reclamar (el tesoro) como nuestro”, afirmó el Ministerio de Justicia limeño.

El Gobierno de Perú impugnará la decisión de un juez estadounidense que este miércoles recomendó que sea devuelto a España el tesoro de 500 mil monedas de plata y oro rescatado del fondo del mar por la empresa estadounidense Odissey.

"Tenemos suficientes indicios razonables y derecho para reclamar (el tesoro) como nuestro y que regrese al Perú”, dijo la procuradora pública peruana Katty Aquize, encargada del caso, en un comunicado del Ministerio de Justicia.

Las 500.000 monedas formaban parte del cargamento de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes”, propiedad de la Armada Española, que había partido de las costas del entonces Virreynato del Perú y se hundió el 5 de octubre de 1804 frente a las costa del suroeste de Portugal.

Aquize insistió en que el Estado peruano no discute que la embarcación sea propiedad de España, pero “la discusión se centra en el contenido de la embarcación; es decir, en las 17 toneladas de monedas y artículos de oro y plata, que provienen del Perú. Ese es el punto en discusión”, subrayó.

La procuradora recordó que el plazo para impugnar la decisión del juez Marck Pizzo es de 10 días, por lo que “estamos dentro del plazo establecido, en vista que ayer recién ha sido emitida la resolución y puesta en conocimiento de las partes”.

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue hundida por un buque británico en aguas al suroeste de Portugal en 1804, en las postrimerías del virreinato del Perú. El tesoro estuvo perdido durante más de 200 años hasta que la empresa cazatesoros “Odissey" encontró lo que parecía ser el cargamento de la fragata.

Odissey también ha anunciado que recurrirá el caso con varios argumentos: que es imposible demostrar que esas monedas corresponden al tesoro de la fragata, que el buque estaba en una misión comercial (y por tanto las autoridades estadounidenses tendrían competencia sobre el caso) y que el cargamento que transportaba pertenecía a particulares y no al Estado español.