Las recientes actividades de Odyssey Marine Exploration en el Canal de la Mancha, de cuyos hallazgos está dando buena cuenta el canal Discovery, en una serie de documentales, ocultan una peligrosa estrategia legal de los cazatesoros.

Por medio de procesos civiles ante los tribunales estadounidenses —en Tampa, Florida, sede de la compañía— los abogados de Odyssey tratan de arrogarse la propiedad de los yacimientos arqueológicos subacuáticos europeos. De hecho ya han reivindicado la propiedad exclusiva de al menos dos buques, uno inglés (el «Victory») y otro francés («Le Marquis Tournay») en mayo de 2008.

Aunque los cazatesoros actúan en las aguas del Canal con el visto bueno del Ministerio de Defensa británico, la Armada Francesa vigila de cerca sus actividades con helicópteros y aviones si se aproximan a sus aguas de soberanía.

Sin embargo, ni Londres ni París aparecen personados en los casos abiertos en Tampa por estos pecios. España tuvo que personarse en el caso del «Black Swan» para defender la integridad del patrimonio de la fragata «Mercedes», presuntamente expoliado por Odyssey cerca del Estrecho de Gibraltar. Y el ministro de Cultura, César Antonio Molina, explicó a sus colegas la postura española en la UE en el último consejo de ministros europeos.

Ya han reivindicado la propiedad exclusiva de al menos dos buques, uno inglés (el «Victory») y otro francés («Le Marquis Tournay»)

Desde entonces ha entrado en vigor la Convención de la Unesco, que protege el patrimonio subacuático de cualquier expolio comercial, a pesar de lo cual, los británicos negocian con Odyssey un acuerdo para la extracción de los cargamentos preciosos del «Victory», hundido en 1744.

Años atrás, cuando operaba en aguas españolas del Estrecho de Gibraltar, Odyssey tenía también firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa británico para repartirse el botín del «HMS Sussex», pero cuando exportó en secreto el tesoro de «La Mercedes», puso en riesgo las relaciones hispanobritánicas por el conflicto del Peñón. Además, ni identificó el buque ni recabó la información necesaria, ni cumplió con la legislación británica de patrimonio. De hecho, no informó, como es obligado, al reciever of the wreck de la Roca.

Críticas británicas y estadounidenses El nuevo acuerdo del Gobierno británico no exige a los cazatesoros seguir protocolos arqueológicos, sino que se centra en el porcentaje de reparto entre las partes dependiendo de los millones de dólares en monedas de oro que se extraigan. Ello le ha valido las críticas de los arqueólogos británicos y estadounidenses, que en un reciente reportaje acusaron a quien apoya a Odyssey de avalar la destrucción del registro arqueológico naval de los imperios europeos.

George Lambrick, la revista «Archaeology» y los arqueólogos malagueños de Nerea son sólo tres casos del contundente rechazo de la comunidad científica internacional ante las prácticas de los cazatesoros y su trato con gobiernos europeos. Pensando en estos expolios tolerados, el abogado de Nerea, José María Lancho, añade que «Odyssey vacía los buques como libros para vender las letras sueltas. A cambio, todo el mensaje histórico que contenían se pierde».