La conclusión del estudio llevado a cabo por José María Lancho es definitiva: los damnificados, por el hundimiento de «La Mercedes» «fueron indemnizados por el Reino, de España antes de 1870 o bien vieron prescritos sus derechos o caducadas sus reclamaciones por defecto de algún documento».

Por tanto resulta risible que ninguno de sus descendientes actuales quiera entrar en el litigio de Tampa. «Esto determina, definitivamente, la inviabilidad jurídica de la estrategia de Odyssey Marine Exploration para poder apoderarse al menos de parte de la carga del pecio de «La Mercedes»». Según el abogado, «incluso si llegara a admitirse la ficción de que en un pecio de Estado hay una excepción a la inmunidad soberana en relación a cargas de titularidad privada, lo cierto es que el Reino de España al indemnizar a las víctimas por los haberes perdidos en el buque hundido, sucedió en el derecho de las mismas a esas mismas cantidades».