La burocracia y las presiones ecologistas frenan el negocio del buceo en arrecifes artificiales

Qué se siente al descubrir la tumba de Tutankamon?”, se pregunta el instructor de buceo Sergi Pérez. “No se puede expresar, como las sensaciones que produce sumergirse en el mar para explorar un barco hundido”, remarca este profesor de la escuela Rivemar, en el cabo de Palos (Murcia). Pérez, acostumbrado a perseguir estas golosinas para el buceador en lugares como Egipto o Croacia, explica que uno de los principales atractivos de esta actividad es descubrir la “brutal” vida acuática que se genera al refugio de estos arrecifes artificiales. La aventura que supone abrirse paso por primera vez entre los restos de un barco abandonado, de imaginar por qué acabó en el fondo del mar, es otro aliciente. “Es arrancarles su biografía, encontrarles el secreto”, afirma.

Sumergido frente a las costas de La Vila Joyosa, en Alicante, el pecio romano Bou Ferrer guarda uno de esos grandes misterios. El pasado 1 de julio se permitió, por primera vez desde su descubrimiento hace 14 años, bucear alrededor de las 1.200 ánforas que atesora a lo largo de sus 30 metros de eslora y sus 400 toneladas de peso. Fue uno de los mayores hallazgos de arqueología submarina del Mediterráneo occidental. Con 2.000 años de antigüedad, es uno de los puntos de inmersión más atractivos de la costa española. “Es una experiencia increíble”, remarca un grupo que acaba de nadar a su alrededor. Todos catalogan la expedición como “única”, mientras se desabrochan los trajes de neopreno junto a una pizarra con un esquema del barco dibujado en rotulador. No dudan: les encantaría repetir. Los responsables de Ali-Sub, una de las firmas de buceo de la localidad, estiman que la posibilidad de descender hasta el Bou Ferrer ha multiplicado el número de visitantes interesados en este deporte en la zona.

No es de extrañar que las empresas de buceo quieran tener un tesoro así en su radio de acción como reclamo. Están convencidas de que se impulsaría así un sector que cuenta en Europa con tres millones de buceadores y reporta unos 100 millones de euros al año, según el Consejo Superior de Deportes. Esta cantidad se distribuye entre las empresas de buceo y servicios de hostelería, alojamiento, comercio y ocio de la zona.

En España no lo tienen fácil. En la actualidad hay una treintena de barcos hundidos disponibles para el buceo, casi todos por naufragios. Las empresas implicadas y algunos ayuntamientos quieren ampliar el negocio hundiendo a propósito más barcos, pero las trabas administrativas y las presiones de los ecologistas frenan el crecimiento de este lucrativo negocio. Las intenciones se quedan en papel más que mojado cuando comienzan unos largos trámites en los que interviene una inacabable maraña de ingenieros, ecologistas, ayuntamientos, autoridad portuaria y ministerios.

El ejemplo de Altea es reciente. El Ayuntamiento y las escuelas de buceo estudiaron la posibilidad de hundir un barco atracado en el puerto de Alicante. Tres años “y miles de euros” después, la iniciativa naufragó. El concejal de Medio Ambiente del municipio, Miguel Ángel Capilla, de un grupo independiente, lamenta las trabas: “Solo para proteger la posidonia [una planta endémica que preserva el fondo marino] he tenido que hacer cinco informes”. Vanesa Gutiérrez, de Greenwich Diving, cree que sería “maravilloso” tener la posibilidad de descender a un pecio: “Podríamos duplicar nuestra clientela. No tenemos el apoyo de las instituciones”. Manolo Moreno, del grupo Celacanto, añade: “Los mejores sitios del mundo para buceo son los que tienen barcos”.

Un ejemplo de estos anhelos es Ocean Revival. Esta iniciativa portuguesa, que contó con el apoyo de escuelas de buceo y de la Unión Europea, consistió en hundir cuatro navíos de entre 44 y 102 metros de eslora para crear un arrecife artificial. Lo hicieron, previa autorización y recaudación de fondos por medio del mecenazgo, a principios de 2012. En el último trimestre de ese año realizaron las primeras inmersiones.

El Ayuntamiento de Gandía intenta imitar el proyecto portugués con el hundimiento de tres barcos. “Llevamos dos años [con los trámites] y cada día nos piden algo nuevo”, protesta Carlos Bolta, su responsable de turismo. El presupuesto para descontaminación y presentación del proyecto es de 115.000 euros. Sin contar remolque y compra de los buques. “En tres meses ya se empezaría a generar fauna. Si pasan 5.000 buceadores al año y se quedan una media de cinco días con un gasto de 50 euros diarios, serían 1,25 millones al año”, añade.

Con unos beneficios tan claros, ¿por qué esta actividad topa con tantos obstáculos? “España es un país conocido por el golf o el esquí, pero no por el buceo recreativo”, sostiene el abogado Sergio Rojas, gerente de la Asociación de Escuelas de Buceo. “Tiene mucho potencial, pero es complicadísimo”, advierte. “El buceo choca con la legislación sobre costas local, autonómica, estatal y europea. En el caso de hundir un barco, ¿quién tiene la autoridad del barco?, ¿quién lo explota?, ¿quién lo financia?”, se pregunta. Al tratarse de un deporte que pretende ser de amplio espectro, los interesados abogan por el hundimiento en zonas cercanas y a poca profundidad, ateniéndose a la legislación nacional y buscando una mayor clientela.

En principio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ve con buenos ojos la creación de arrecifes artificiales (en torno al barco se desarrolla todo tipo de vida acuática), que considera “una medida de protección directa de los hábitats de interés pesquero y, por tanto, de regeneración de recursos”. Los dos requisitos principales para el hundimiento de barcos son descontaminar previamente el pecio y adecuarlo para que sea seguro el submarinismo. Este ministerio describe las condiciones de hundimiento y establece las directrices contra la contaminación y el espoleo, pero transfirió la normativa relacionada con el buceo recreativo a cada comunidad autónoma, lo que complica el papeleo.

También influyen las quejas de grupos medioambientales. Greenpeace y Ecologistas en Acción esgrimen que esta actividad no es sostenible. “Nuestra postura es contraria al hundimiento”, razona Marta González, encargada de la rama de Océanos de Greenpeace España. “No se trata de crear nueva diversidad, sino de proteger la que ya existe”, dice. El grupo local canario de Ecologistas en Acción denunció en 2009 que la Autoridad Portuaria de Las Palmas llevaba a cabo hundimientos “indiscriminados” de barcos con componentes “de gran toxicidad” y “carácter cancerígeno bioacumulable en la fauna marina”.

“Antes de hundir un barco hay que hacer una investigación de sedimentos, de tipo de flora y fauna marina y tener en cuenta las especies protegidas”, explica el biólogo marino y profesor de la Universidad de Murcia Javier Argente. “Con este estudio se procedería a la descontaminación del buque y eliminación de elementos peligrosos para el buceo”, afirma. “Todo residuo en el mar es colonizado y puede regenerar los recursos pesqueros. Además, funciona como disuasión para barcos de pesca arrastreros, que destrozan los fondos. Pero todo depende de cómo se haga”, concluye.

Una de las opciones que se barajan con sordina es la de hacerlo de forma clandestina. Algo que las escuelas han escuchado, pero que no confirman. “Sería muy difícil de realizar y no duraría mucho”, reflexiona Antonio Cidantos, de la escuela de buceo Barracudas, en Alcossebre (Castellón). La Administración limpia periódicamente el fondo marino y tardaría poco en dar con el barco. Cidantos lleva casi una década en litigios para conseguir la autorización de montar un parque acuático submarino en su localidad. Este año le han concedido 125.000 metros cuadrados para crearlo. Le falta el dinero para comprar los buques. “Cuando lo logremos, la zona dará un vuelco”, suspira.

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