Oceana denuncia que los submarinistas siguen pescando de forma organizada en una zona de reserva integral del Parque Nacional balear debido a los recortes en vigilancia

La ONG se personará en el proceso sancionador instruido contra dos presuntos pescadores ilegales que fueron sorprendidos este verano

Oceana ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las Islas Baleares que se le tenga por personada en el procedimiento sancionador instruido contra presuntos pescadores furtivos en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

Este verano, agentes de Medio Ambiente sorprendieron a dos individuos con fusiles submarinos en una de las zonas de reserva integral, que ostenta la máxima protección por sus valores medioambientales.

«Resulta especialmente sangrante que se sorprenda a furtivos actuando a plena luz del día en un momento en que hay un debate serio para ampliar el Parque Nacional de Cabrera e incluir los valiosos hábitats y especies que quedaron fuera de sus límites al protegerse el área», señala Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa.

La abogada de la organización internacional de conservación marina, Ana Barreira, ha explicado que Oceana puede emprender tal acción dada su «condición» -forma parte del Patronato del Parque Nacional de Cabrera- y de acuerdo con lo previsto en la Ley Aarhus -de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente-. «Buscamos asegurarnos de que esta conducta es sancionada de conformidad a la norma».

«La gravedad de los recortes aplicados a la vigilancia y gestión del único parque nacional de Baleares hace que los furtivos se atrevan a aventurarse en demarcaciones que ostentan altos niveles de protección. Y podrían echar a perder el excelente trabajo de conservación llevado a cabo durante los últimos 30 años y que había convertido al Archipiélago de Cabrera en un parque marítimo de referencia», manifiesta Pastor.
Tareas de monitoreo compartidas

Hace tres meses, Oceana mostró su satisfacción por la firma de un acuerdo entre el Gobierno balear y la Guardia Civil para coordinar tareas de vigilancia marítimo-terrestre.

«El convenio, junto con la existencia de un radar en Cabrera para detectar pateras que podría utilizarse de manera simultánea para detectar pesca ilegal, demuestra que es factible aprovechar los recursos existentes para vigilar los espacios naturales», se congratulaban desde la organización.
Presupuesto millonario
Oceana ha pedido al Ejecutivo autonómico que devuelva a Cabrera el presupuesto anual con que contaba en 2011, que rondaba los 5 millones de euros y que «la Administración central ha continuado transfiriendo a las autoridades insulares».
«La vigilancia en un Parque Nacional es obligatoria por ley», insisten desde la ONG, que considera que la posible ampliación del espacio natural no originará un incremento de costes.

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