La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha afirmado hoy que la importante reducción presupuestaria que a su juicio ha aplicado el Gobierno central para las reservas marinas pone "en jaque" a la reserva marina de La Palma, una de las de mayor longitud de costa en el Estado.


En un comunicado Ben Magec-Ecologistas en Acción lamenta la insuficiente dotación presupuestaria para el funcionamiento básico de la reserva marina de interés pesquero de La Palma y recuerda a la Administración del Estado español que contraviene sus compromisos con la protección del medio marino.
La importante reducción presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para gastos de vigilancia, mantenimiento y seguimiento científico de las reservas marinas supone "un importante impacto" para la recuperación de los recursos pesqueros y la biodiversidad en el Estado Español, añade.
Agrega que los recortes para el mantenimiento de la Reserva Marina de La Palma arriesgan su objetivo como medida para la protección y regeneración de los recursos marinos vivos en un escenario de sobreexplotación pesquera en las islas.
"Se trata de una lamentable decisión que pone en jaque a una de las tres únicas reservas marinas en la Comunidad Autónoma de mayor longitud de costa del Estado", señala.
Ben Magec Ecologistas en Acción entiende que de esta manera la Administración Central "desatiende su deber" de velar por la adecuada gestión y protección de los recursos pesqueros en aguas de su competencia, de acuerdo con la Ley de Pesca Marítima del Estado.
Además esta ineficacia perjudica gravemente al frágil sector pesquero profesional en un contexto de grave crisis, ya que a la pérdida de la calidad medioambiental hay que sumarle el impacto negativo sobre el efecto económico de las reservas, añade.
De no haber una vigilancia adecuada, los buenos resultados obtenidos en sus 11 años de funcionamiento se podrían perder en un breve periodo de tiempo debido a malas prácticas extractivas sin el suficiente control, indica la federación ecologista, que añade que la postura del Gobierno Español contraviene la Ley de Protección del Medio Marino.
Esta ley regula la Red de Áreas Marinas Protegidas, obligando a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a gestionar eficazmente las Áreas Marinas Protegidas de competencia estatal y a garantizar su conservación.
Por ello pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que rectifique y considere la protección de las reservas marinas una prioridad en la gestión de ecosistemas marinos y en la potenciación de la pesca local.



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