El 25 de febrero aterrizaron en la base de Torrejón dos aviones Hércules del Ejército del Aire con el tesoro extraído del mar por la compañía Odyssey Marine Exploration y cuya pertenencia a España reconoció el Tribunal de Tampa (Florida) el 22 de diciembre de 2009. LA GACETA destapó en exclusiva la exportación de ese patrimonio español desde Gibraltar el 17 de mayo de 2007 y desde entonces hemos liderado la información sobre los secretos de este complicado caso.
Primer secreto: Gibraltar
Cuando presentó en Tampa el tesoro el 18 de mayo de 2007, Odyssey pretendió ocultar su procedencia. Dos días antes, el juez competente les había reconocido la propiedad de un pecio (yacimiento submarino) en aguas internacionales y el hallazgo de otro 100 millas al oeste de Gibraltar. En Estados Unidos, la Ley del Almirantazgo reconoce a cualquier rescatador la propiedad de lo que se encuentre en el mar, si se prueba que ha sido abandonado por sus propietarios.
Odyssey declaró que, por razones de seguridad, no mencionaría el lugar donde extrajo el tesoro. Cuando el 22 de mayo LA GACETA publicó la fotografía del avión con el que Odyssey había volado desde Gibraltar, la compañía cambió su versión de la historia, añadiendo que “las monedas se introdujeron en EE UU con una licencia de exportación válida garantizada por el país desde donde fueron exportadas e importadas legalmente conforme a las leyes de EE UU”.
LA GACETA publicó el 23 de mayo que el jefe de la aduana gibraltareña, John Rodríguez, había firmado las licencias, lo que confirmó la Embajada británica en Madrid, al asegurar que entre las competencias de su colonia está la de exportar por vía aérea metales preciosos. La Embajada aseguraba que la extracción del tesoro se había realizado en aguas internacionales y que Odyssey había “confirmado a las autoridades británicas que está trabajando con la mayor celeridad posible para averiguar la identidad del barco hundido”.
El Ministerio de Defensa británico desmintió la información publicada por LA GACETA el 29 de mayo, con testimonios, obtenidos por conductores de camiones, de que el tesoro se había guardado, durante al menos dos semanas, en el polvorín del túnel de Fosse Way, dentro del Peñón.
Segundo secreto: las licencias
Entretanto el Gobierno español había reaccionado ante las presiones de la opinión pública. En Tampa, el abogado de España, James Goold, reclamaba el 31 de mayo la propiedad del tesoro. Lo hacía invocando no la Ley del Almirantazgo –la que usan los cazapecios–, sino la Ley de Inmunidad de (Estados) Extranjeros Soberanos (FSIA, en sus siglas inglesas). Esta ley había permitido reclamar con éxito, entre 1998 y 2001, lo extraído de los buques Juno y La Galga, hundidos en las costas de Virginia, e impedir que en adelante los cazatesoros sacaran nada más de esos pecios. En 2001, el presidente Clinton ratificó un acuerdo por el que la FSIA se aplicaría para reconocer a España la propiedad de cualquier buque que siguiera en las listas de la Armada Española.
A principios de junio, y paralelamente al pleito por la propiedad del tesoro incoado en Tampa, el fiscal de Patrimonio de Andalucía denunciaba a Odyssey ante el Juzgado de Instrucción número 3 de La Línea por presunto delito de expolio de una treintena de pecios en aguas españolas, donde llevaba trabajando desde 1998.
Exteriores no pidió a Gran Bretaña las licencias de exportación del tesoro hasta el 22 de junio. La tardanza se explica porque Miguel Ángel Moratinos y su secretario de Estado José María Pons habían protegido a Odyssey frente a sus detractores, esperando obtener a cambio algún avance respecto a Gibraltar.
Inglaterra respondió el 2 de julio, desentendiéndose de la actuación de su colonia: “La Embajada desea informar al Ministerio que la responsabilidad por la concesión de licencias de importación y exportación corresponde al Gobierno de Gibraltar y no constituye parte de la responsabilidad del Reino Unido por los asuntos exteriores de Gibraltar. Sin embargo, el Gobierno británico ha transmitido la petición del Ministerio al Gobierno de Gibraltar”.
Sin otra explicación, se adjuntaban las licencias de 10 de abril y 14 de mayo. La primera reconocía la exportación de 203 monedas de oro españolas (de 8 escudos) y 10.090 de plata (de 8 reales) igualmente españolas. La segunda sólo especificaba el peso de 32.000 libras. Ambas partes cometían un flagrante delito de falsedad documental, al valorar el tesoro en menos de 4 millones de dólares. Nada más desembarcarlo, Odyssey dijo que valía 500 millones de dólares, lo que dobló inmediatamente el precio de sus acciones en Bolsa. Para colmo, había un tercer actor en la falsificación: la aduana norteamericana, cuyas licencias nunca se publicaron. Moratinos no dio a conocer las licencias inglesas, pero lo hizo el juez de Tampa cuando España las presentó como prueba el 19 de septiembre de 2007.
Tercer secreto: La ‘Mercedes’
España no demandaría a Gibraltar, a Inglaterra y menos a EE UU, pero sabía que, a cambio de identificar el barco como perteneciente al Estado, podría recuperar el tesoro y fingir una victoria. El 5 de junio de 2007, LA GACETA fue otra vez el primer diario en avanzar que en el juicio se acordaría que el barco expoliado fue la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida alevosamente –sin previa declaración de guerra– por los ingleses cuando regresaba con otras tres fragatas, en el combate del cabo de Santa María (5 de octubre de 1804).
Odyssey aceptó discutir sobre la Mercedes porque podía situar los restos del barco en aguas sin vigilancia internacional. Aunque España supiera que los cazatesoros nunca estuvieron sobre ese pecio, no podía decir que sabía dónde habían trabajado, porque tendría que admitir su culpa en el expolio por omisión de vigilancia. Odyssey defendió que la Mercedes estaba en misión comercial y que la carga era de sus tripulantes o incluso de Perú. Para ganar, bastó a España demostrar que la Mercedes era un buque de guerra que no había sido dado de baja en la Armada y que España ya indemnizó a las familias de sus tripulantes entre 1824 y 1870. Perú formaba parte de España en 1804 y los tribunales norteamericanos están tan dispuestos a reconocerle la propiedad sobre la carga de la Mercedes como a los sioux la de Dakota del Norte.
Cuarto secreto: yacimiento E-82
Odyssey vale ahora en Bolsa lo mismo que antes de presentar el tesoro que llamó Black Swan (Cisne Negro). Ha sobrevivido cinco años y, aunque tiene supuestos proyectos sobre pecios con información obtenida de la Royal Navy (Gairsoppa, Mantola, HMS Victory), planea dedicarse a actividades de menos riesgo, como la minería.
Aunque a su llegada a España el tesoro fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de La Línea, al presentarlo el 27 de febrero, el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo que su departamento no se personaría en ese juzgado para acusar a Inglaterra o a Moratinos y que pediría que el tesoro se transfiriera a Cultura. Daba el caso por cerrado. Ni siquiera se ha exigido a Odyssey pagar las costas del juicio, a pesar de que el juez norteamericano ofreció esa posibilidad.

Durante años, Odyssey trabajó en la posición del que llamó yacimiento E-82, sobre un pecio cuyo examen demostró que no era el Sussex para cuya extracción le contrató la Royal Navy. El abogado y escritor Pipe Sarmiento sigue peleando para demostrar que esa fue la principal fuente del botín de Odyssey. En breve expondrá sus pruebas en un libro titulado Expediente Odyssey. Pero la mayoría de los españoles sólo conocerá la absurda tesis de que era la Mercedes.

http://infragon.blogspot.com.es/