El pasado diciembre, un juez penal de Galápagos sorprendió a los conservacionistas con la decisión de anular todo lo actuado en el caso denominado Fer Mary. Este caso es el resultado del patrullaje más importante realizado este año en la Reserva Marina por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que derivó en la detección y posterior intercepción de la embarcación de pesca industrial Fer Mary dentro de dicha Reserva Marina con 357 tiburones muertos.
A pesar de sólidos razonamientos jurídicos planteados por las partes procesales y también por el Sector de Conservación de Galápagos –del que Sea Shepherd forma parte- en un alegato jurídico presentado ante el juzgado en defensa de los tiburones, el juez argumentó falta de competencia para sustanciar temas penales ambientales. No solo es deplorable que un juez penal alegue falta de competencia para sustanciar un caso de materia penal, sino sobretodo que un juez haya determinado su falta de competencia a cinco meses de haber iniciado un intenso litigio liderado por la Fiscalía Ambiental de Galápagos y el Parque Nacional Galápagos en defensa de las especies protegidas que habitan en la Reserva Marina.

La resolución también levanta la prohibición de vender la embarcación, medida interpuesta para garantizar evidencia y prueba judicial. En cuanto a los procesados, quienes están en libertad desde el mes de agosto, ahora ni siquiera tendrán que presentarse ante el juez de su localidad, ya que esta medida también fue levantada.

El caso deberá reiniciarse ahora en una corte de justicia ubicada a 982 kilómetros de distancia, con los procesados totalmente fuera de la esfera judicial.

Esta es la segunda vez en el año que la justicia local falla en administrar justicia en temas ambientales. Ya aplicó este argumento en el caso denominado Reina del Cisne, otra embarcación de pesca industrial encontrada dentro de la Reserva Marina de Galápagos con 82 tiburones muertos en su bodega.

Por fortuna las partes procesales ya están trabajando en las apelaciones y otras medidas, incluido el decomiso administrativo de la embarcación, por parte del Parque Nacional Galápagos. Para mayor información, visite: www.galapagospark.org

La resolución judicial sienta un antecedente que es perturbador: en nuevos casos el procesamiento de delitos ambientales cometidos en la Reserva Marina de Galápagos tendrían que tramitarse en una corte de justicia ubicada a 982 kilómetros de distancia. Esto representa problemas complejos, no solo de carácter logístico, sino fundamentalmente de plazos constitucionales y legales para el procesamiento a sospechosos que, a menudo, son detenidos en medio del mar a horas y hasta días de distancia de la corte más cercana.
Con este antecedente judicial, será muy difícil cumplir con los plazos procesales.

Nosotros estamos conscientes del impacto negativo de esta resolución judicial para Galápagos, pero también para nuestro trabajo y el de autoridades y otros actores interesados en la aplicación de la ley y el debido proceso. De hecho, estamos muy preocupados por este terrible antecedente judicial. Pero Galápagos es en una línea en la arena, y seguiremos trabajando, incluso en contra de todo pronóstico, por la transformación de la actual realidad judicial ambiental.

En este contexto, Sea Shepherd hace un llamado a todos los actores que trabajan localmente por la conservación de Galápagos para sumar esfuerzos y llevar este problema a la Corte Nacional de Justicia para solicitar a la instancia judicial máxima del país que emita una resolución generalmente obligatoria, insistiendo en la competencia de los jueces penales de Galápagos en materia penal ambiental, tal como ocurre en otras jurisdicciones del país.

Sea Shepherd también hace un llamado a todos para abogar por la designación de jueces especializados para administrar justicia en Galápagos.

La situación judicial actual no alcanza estándares mínimos de administración de justicia en una reserva marina que es también patrimonio natural de la humanidad y reserva de biósfera. Es tiempo de cambiar esta realidad.


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