ERNESTO A. QUIJADA DÍAZ
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Una de las formas más fáciles para apoderarse de los tesoros arqueológicos o submarinos que existen en nuestro país es rastrear los mismos, sin informar a las autoridades competentes, quienes en abierto contubernio (muchas veces) brindan autorizaciones a personas naturales o empresas extranjeras para que se dediquen a localizarlos.

Desde hace más años de los que quisiera, se han instalado en nuestras costas, sobre todo en las adyacencias a lugares históricos de afluencia de barcos piratas, empresas que ‘supuestamente’ se dedican a la enseñanza del buceo y a potenciar nuestros recursos y bellezas submarinas, que, por cierto, resultan unas de las mejores del planeta.

Pero en la práctica, esas empresas son fachadas para que buzos nacionales y extranjeros puedan moverse sin dificultades por nuestros mares, en busca de tesoros de naves que permanecen en las aguas profundas de nuestros océanos. Todavía están frescas las disputas en los tribunales entre dos empresas que solicitaban permisos para explorar algunos sitios con un director del INAC, del cual en su momento se dijo que estaba negociando ‘parte de los objetos valiosos que se extrajeron de una expedición submarina’.

No existe control ni funcionarios, ni entidad del Estado que supervise estás empresas. Actúan a la libre, teniendo en cuenta que siempre reciben el padrinazgo de algún funcionario de alto nivel, que busca almacenar doblones, lingotes de oro y plata, que eran la carga que transportaban esas naves hundidas.

¿Cuántos tesoros han sido extraídos y hoy engrosan fortunas particulares en algunos países del mundo? ¿Qué porcentaje de esos recursos ha llegado a poder de las autoridades nacionales? ¿Quién firma las autorizaciones o patrocina a su antojo estas expediciones? ¿Por qué, si el Estado conoce de la potencialidad de tesoros en oro y plata que pueden estar bajo nuestra plataforma continental, no contrata directamente a empresas que puedan hacer el trabajo, dentro del marco de la legalidad, para salvaguardar los intereses nacionales?

Cada vez que voy a Portobelo me extraña observar naves y personajes extraños que se dicen ‘amantes del buceo’ a punto de salir en expediciones que toman varios días. Y me pregunto ¿por qué las clases que supuestamente dictan no se brindan en área que no son riesgosas para los principiantes, si es que existen, y se llevan a aguas profundas en mar abierto?

¿Cómo se explica que un millonario norteamericano de nombre Pasquale Pat Croce, fundador del St. Augustine Pirate & Treasure Museum y antiguo presidente de los 76ers, un equipo de baloncesto de Filadelfia, declarara a un medio de prensa de su país que una expedición financiada por él, ubicó los restos de las dos naves del corsario inglés Francis Drake bajo las aguas de Portobelo, como parte de una expedición conformada por exploradores de Australia, Colombia, Francia, Escocia, el Reino Unido y Panamá? ¿Quién autorizó la misma y bajo qué parámetros el Estado panameño saldría beneficiado?

Le corresponderá a las autoridades del gobierno, a las de seguridad y de Patrimonio Histórico (si es que todavía existen) diseñar acciones que impidan que este tipo de afectaciones se mantengan en beneficios de saqueadores internacionales, quienes en asocio con malos panameños, que llevan sus cuentas particulares, se aprovechen de los tesoros históricos que pertenecen a todos en el país.

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