España formula dos demandas en EEUU contra los ‘cazatesoros’
El Ministerio de Cultura español ha presentado dos demandas
de carácter civil ante la Corte Suprema de Tampa (Florida,
EEUU), con el objeto de defender la propiedad española del
tesoro de monedas de oro y plata valorado en 375 millones de
euros que la empreas estadounidense Odyssey Marine
Explorer envió a Estados Unidos desde Gibraltar por vía aérea.
Las demandas han sido interpuestas por el prestigioso
abogado James Goold, experto en este tipo de litigios y que ya
ha obtenido éxitos resonantes en ocasiones anteriores. La
primera de las demandas en cuestión se sitúa en la línea de
que se reconozcan los derechos de España sobre sus barcos de
Estado “estén donde estén”. Estos derechos devienen de un
convenio bilateral entre España y Estados Unidos firmados en
2001, bajo la presidencia de Bill Clinton. La segunda demanda
se centrará en la ratificación de la longitud y latitud que
Odyssey Marine Exploration ha difundido en torno a la
localización del pecio del que han extraído el tesoro. A tenor de
la posición que indicó la empresa estadounidense, el lugar del
hallazgo del tesoro se situaría en una zona entre Irlanda,
Inglaterra y Galicia, muy lejos de Gibraltar. El siguient paso
por parte española sería la espera. El plazo en el que el juez
obligará a Odyssey Marine Exploration a decir la posición del
pecio no excedería de quince días.
Por otra parte, se ha conocido que en 2001, la Armada
británica obtuvo permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores
español para la búsqueda de los restos del portaaviones Ark
Royal, torpedeado y hundido por un submarino alemán frente
a la costa de Estepona, precisamente en el lugar donde se
sitúan las actividades de Odyssey captadas por satélite. El
hecho, por otra parte, de que el Ocean Alert, uno de los
buques de Odyssey que han operado en aguas de la Bahía y
cercanas del Mediterráneo esté fletado por el Ministerio de
Defensa británico -hecho que demostró días atrás este diarioavala
la hipótesis que sostienen altos cargos del Ministerio de
Cultura de una asociación entre Odyssey y Reino Unido en
torno al tesoro extraído del fondo del mar y que actualmente
se encuentra en Estados Unidos.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró ayer que si el
tesoro se recupera “para el patrimonio español”, se
conservará en el Centro de Arqueología Subacuática del
Balneario de la Palma, en la gaditana playa de La Caleta. Calvo
incidió en que lo que se recupere “no será para vender ni para
exportar; será para enseñar y musealizar [sic] como bienes del
patrimonio histórico”. La ministra ya se mostró muy
desconfiada -en la sesión de preguntas del Pleno del
Congreso- de la enigmática actitud de Odyssey, dejando claro
que “el patrimonio de España no es negocio" y que "cualquier
cosa que haya ocurrido, y que en este momento estamos
investigando, ha sido ilegal”. “La empresa norteamericana
sólo ha dicho, de manera muy sucinta, que ha sido fuera de las
aguas españolas, pero no dice qué pecio o galeón –o varios- ha
sido objeto de la extracción que han hecho; nos resulta una
manera de actuar sospechosa, poco clara”, añadió. “Si no
había nada que esconder nos lo podían haber dicho”, remató.
La Embajada del Reino Unido en Madrid aseguró el martes
que las Fuerzas Armadas británicas no han almacenad “carga
alguna” en Gibraltar en nombre de la empresa Odyssey
Marine Exploration. Por su parte, el presidente del Partido
Popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se refirió ayer
al “estrepitoso ridículo que el Gobierno español está haciendo
ante la comunidad internacional ante el expolio arqueológico
que está llevando a cabo en aguas españolas el buque
cazatesoros Odyssey”. “Pero es que, además, y ante nuestras
propias narices, exponen el fruto de su ilícita actuación a miles
de kilómetros, una vez fuera del territorio nacional, un tesoro
de incalculable valor que mucho nos tememos nunca volverá a
España”, dijo.
“En todo este asunto, lo que más preocupa al PP, al margen
de la pérdida del patrimonio a manos de una empresa
extranjera y privada, es la actuación de las administraciones
socialistas”, manifestó. A finales de febrero, la consejera de
Cultura, Rosa Torres, aseguraba públicamente que lo que
estaba haciendo el Odyssey era “averiguar si el pecio era el
HMS Sussex”, a la vez que garantizaba la presencia de un
arqueólogo de la Junta. Llegados a este punto, “cabe
preguntar, primero, si realmente hubo un técnico de la
administración autonómica, y si estuvo, cómo permitió que se
extrajese el tesoro con tal impunidad”. Este descontrol por
parte de la Junta “tuvo continuidad por parte del gobierno de
la nación, a través, nada más y nada menos, que del
Ministerio de Cultura”.
Carmen Calvo, que garantizó la vigilancia de las actuaciones
para que estas se ciñeran a la legalidad, a la vez que
garantizaba que su ministerio ejercería las competencias para
evitar cualquier tipo de expolio".
Por otra parte, lo que menos nos podíamos esperar era que el
diputado Salvador de la Encina, "el escudero de Zapatero,
fuese también arqueólogo, ya que también tuvo su momento
de gloria para asegurar que el expolio llevado por el Odyssey
no se llevó a cabo en aguas españolas, negando también que
se tratara de un pecio español".
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