Se trata de uno de los instrumentos legales más importantes para la protección de la biodiversidad en España, que clasifica por importancia las especies silvestres en relación a sus necesidades de conservación.

El Listado aprobado incluye las especies, subespecies y poblaciones de la fauna y flora española que requieren medidas específicas de protección por parte de las Administraciones Públicas.

El Catálogo Español de Especies Amenazadas, cuyo Real Decreto se ha aprobado en el último el Consejo de Ministros, incluye por primera vez las praderas de Posidonia oceanica. La decisión de incluir estas plantas marinas y cinco tipos de tiburones y rayas ha sido bien recibida por las organizaciones ecologistas, como Oceana y WWF, que habían demandado al Gobierno una mayor sensibilidad por las especies marinas.

Las praderas de Posidonia oceanica son un indicador infalible de la calidad ambiental: donde hay grandes praderas de este tipo de planta fanerógama endémica del Mediterráneo hay un litoral saludable; cuando la Posidonia retrocede, es mala señal. Esta cubierta vegetal del fondo marino, que se desarrolla hasta una profundidad máxima de 30-50 metros, cumple con una importante función ecológica, ya que ayuda a reducir las emisiones de CO2, y además contribuye a proteger de la erosión la línea de costa.

Como el resto de plantas superiores, esta especie marina -tiene raíces, tallo y hojas, florece en otoño y da sus frutos en primavera, se les conoce como 'olivas de mar'- y ofrece cobijo a peces, crustáceos y otros vegetales, que encuentran alimento y protección.

PLANES DE CONSERVACION
La inclusión de la posidonia en el listado de seres vivos cuya protección es una prioridad para la Administración obliga a las Comunidades Autónomas, en las que encuentra su distribución esta planta, a mirar con lupa cualquier actuación en el litoral que pueda condicionar la conservación de esta delicada cubierta vegetal, pues a partir de ahora está obligada a establecer planes de gestión y conservación.

En cuanto a las cinco especies de tiburones y rayas (pez martillo, manta raya, tiburón zorro, tiburón blanco y peregrino), que eran consideradas especies comerciales, su inclusión en este Catálogo, desde ahora, prohíbe expresamente que se pesquen.

En la categoría de especies vulnerable se encuentran también, siete especies de cetáceos que frecuentan las costas de nuestro país, tanto en la parte mediterránea como las costas de la región macaronésica, atlántica y cantábrica. Son el cachalote, el rorcual, el calderón común, el calderón gris, el delfín común, el delfín listado y el delfín mular.

El Real Decreto que regula el Catálogo de Especies Amenazadas incluye importantes novedades, como la creación de un comité científico que establecerá qué especies deben ser protegidas y cuáles no, decisión que hasta ahora ha tomado la Administración.

El documento aprobado ve la luz después de más de cinco años de negociación - el último listado de especies data de 2006 - para alcanzar «un alto grado de consenso» con las comunidades, sectores interesados, asociaciones ecologistas y organizaciones científicas y profesionales. En 2011, declarado Año Internacional de los Bosques, resulta necesario dar a conocer esta planta que en relación a los habitantes que alberga y protege, como peces e invertebrados, forma auténticos bosques marinos, más que praderas como siempre se las denomina.

INICIATIVA POPULAR
Otro aspecto inédito en este tipo de actuaciones administrativas es que se contempla la iniciativa ciudadana, para que los particulares puedan proponer la inclusión, exclusión o modificación de categoría de una especie del listado, algo que lógicamente será sometido al dictamen del comité de expertos.

El texto ratificado, incluye 898 especies amenazadas, que a su vez se distinguen entre vulnerables y en peligro de extinción. El listado incorpora 288 nuevas especies protegidas por directivas europeas suscritas por España, e incrementa de categoría de protección 39 especies que ya estaban en el anterior catálogo.

La mera presencia de una especie en el catálogo obliga a desarrollar un plan de gestión y conservación, y las Comunidades Autónomas podrán aumentar el grado de protección de las especies, pero en ningún caso rebajarlo.