Activistas de Greenpeace desmantelan desde primera hora de la mañana una réplica gigante de un buque arrastrero industrial en el exterior del edificio del Consejo de la Unión Europea, mientras en el interior los ministros europeos de Pesca negocian unas cuotas pesqueras para el año 2011 por encima de las recomendaciones científicas.

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Con el desguace de este barco, en el que se puede leer en varios idiomas el mensaje "Ministros de la UE: Parad la sobrepesca", los activistas pretenden mostrar a los políticos europeos que una de las principales medidas que deberían adoptar para salvar los océanos y el futuro del sector es reducir la flota de barcos más destructivos, como los arrastreros, capaces de acabar con ecosistemas enteros en pocas horas.

"Hasta la fecha, la Unión Europea ha fallado completamente en la gestión de las pesquerías. Los ministros piensan más en las grandes empresas pesqueras que en la gestión sostenible y en los consejos de los científicos. En vez de repartirse unas cuotas a todas luces insostenibles, nuestros representantes deberían terminar con la sobrepesca y reducir la flota más destructiva", ha declarado desde Bruselas Paloma Colmenarejo, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.

Greenpeace denuncia que los ministros europeos se ven obligados a luchar por conseguir cuotas excesivas para mantener una flota industrial sobredimensionada y destructiva. En este sentido, recuerda que las grandes potencias pesqueras como España y Francia han recibido millones de euros en subsidios para la construcción de sus grandes pesqueros, que han sustituido a la flota artesanal.

En un momento en el que la Unión Europea prepara la revisión de su Política Pesquera Común (PPC), el 88% de los stocks europeos están sobreexplotados , por lo que Greenpeace considera que ahora la prioridad debe ser la recuperación de las poblaciones de peces si se quiere garantizar el futuro de los océanos y de los puestos de trabajo del sector, para lo que es imprescindible la reducción de la capacidad de flota pesquera europea.

Greenpeace pide que la reforma de la PPC establezca objetivos de reducción de flota legalmente vinculantes y que en el futuro las políticas pesqueras sean más sostenibles respetuosas con el medio marino, además de ser socialmente aceptables. La organización ecologista exige, además, que las cuotas se establezcan según criterios científicos ?incluida la introducción de un tope legal de las capturas totales?, y que exista una mayor transparencia y trazabilidad. Por último demanda el establecimiento de una red de Reservas Marinas como parte de una estrategia de ordenación pesquera.

"España, con una flota pesquera de 11.000 barcos, de los que el 80% son de bajura, debería favorecer esta pesquería y dejar de apoyar el agotamiento total de caladeros ya sobreexplotados y la destrucción de hábitats vulnerables", ha concluido Colmenarejo.