El Consejo de Gobierno del Govern Balear aprobó pedir al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, dirigido por Elena Espinosa, que proteja al atún rojo con la creación de un Santuario Balear en las aguas al sur de estas islas, ya que se trata de la zona más importante de desove del atún rojo (Thunnus Thynnus) en el Mediterráneo. La creación de esta gran reserva marina supondría la protección del futuro del atún rojo, que actualmente se encuentra al borde del colapso. Este santuario sería un referente de conservación y protección a nivel internacional.
Sorprendentemente, mientras en Baleares se votaba esta propuesta de protección, en una reunión del Comité de Cumplimiento de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés) se volvía a demostrar que este organismo es incapaz de realizar su principal función: la gestión sostenible de la especie.
En esta reunión, la Secretaría de ICCAT informaba a los delegados de que sólo el 43% de las capturas declaradas son legales, y que cuando han pasado seis meses desde el fin de la época de captura, sólo 8.614 toneladas de las 19.000 capturadas han sido legalmente declaradas. Este último dato resulta aún más preocupante dentro de la Unión Europea, porque de las 11.059 toneladas declaradas, sólo 3.012 son legales.

“Estos resultados demuestran una vez más que ICCAT es incapaz de garantizar el futuro de la especie y que la está llevando al borde de la extinción”, ha declarado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, “por lo que es incomprensible que el Gobierno español condicione la prohibición del comercio internacional del atún rojo a los informes del ICCAT, España debería seguir el ejemplo balear y hacer algo para que la especie no desaparezca de nuestros mares”.
Dentro de unos días dará comienzo en Qatar la reunión de la Convención para la protección de especies en peligro de extinción (CITES en sus siglas en inglés), donde se votará la inclusión del atún rojo en el Apéndice I del Convenio, que supondría la prohibición del comercio internacional de la especie.
España que preside la UE, no ha hecho pública aún su posición, aunque sí se ha molestado en boicotear las votaciones dentro del Parlamento Europeo y de presionar en el Parlamento español por una postura en contra de la protección de esta especie.