La justicia fallará en breve, pero el Gobierno español ya ha presupuestado 1,6 millones de euros desde 2007 para pagar a la asesoría jurídica, encabezada por James Goold, y cuyo coste podría superar los cinco millones

El «Caso Odyssey» parece encaminarse hacia un final, que previsiblemente podrá ser feliz, pero no han faltado los momentos de tensión durante estos años de litigio con la todopoderosa empresa «cazatesoros» que dirige Greg Stemm. El bufete de James Goold ha sabido, una vez más, diseñar la estrategia adecuada y parece ser cuestión de meses que el suntuoso botín, cuyo valor se elevaría por encima de los cuatrocientos millones de euros, vuelva a casa. La factura, como era de esperar, también será cuantiosa. El Gobierno tuvo que buscar una fórmula legal para proceder al pago de la operación y lo hizo a través de la partida 448 de los Presupuestos Generales del Estado correspondiente al Ministerio de Cultura: «A Spain-USA Foundation para defensa de intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas». Se aprovechó este enunciado, que tenía dotaciones económicas muy inferiores, a pesar de que nada tiene que ver con el caso de esta embarcación, ya que naufragó frente a las costas del Algarve portugués y no en Norteamérica, como sugiere el enunciado presupuestario.

«Anticipos sucesivos»
En 2006 la dotación era apenas de 60.000 euros, lo mismo que en 2007, año en que Odyssey comunicó el hallazgo de la embarcación hundida (fue en el mes de mayo). En 2008, con el litigio en curso, ya se presupuestaron 300.000 euros (cinco veces más que en el ejercicio anterior), 500.000 al año siguiente y 800.000 para el presente ejercicio de 2010. «Los gastos derivados de los bufetes de abogados han sido muy fuertes y muy elevados. Sin embargo, las cantidades a pagar no eran las mismas, como es lógico deducir, al comienzo del proceso, en 2007, que a medida que ha ido avanzando, de ahí que la provisión de fondos en cada partida presupuestaria haya ido aumentado», asegura a este diario una persona que ha participado directamente en las negociaciones del «Caso Odyssey». Según esta fuente, la cuantía se ha dividido en «sucesivos anticipos. De las fases preliminares se ha pasado, a medida que el pleito se ha ido alargando en el tiempo, al pago por los servicios prestados». Como se recordará, el bufete de James Goold está especializado en este tipo de casos. El letrado ya representó a nuestro país en el litigio que enfrentó a España con una empresa de búsqueda de tesoros por los navíos «Juno» y «La Galga», hundidos frente a las costas de Virginia, cuyo final se resolvió a favor de nuestro país. La sonada victoria de aquel año fue acompañada, además, por la distinción al abogado de la Orden de Isabel La Católica. Era el año 2000 y el dinero que podría haber recibido el abogado, según ha podido saber este diario, habría sido de más de 1,5 millones de euros.

En aquel momento, fue el propio Estado norteamericano quien incitó a España a la defensa de la titularidad de ambas naves. «No existía una forma jurídica como tal para hacer frente a los pagos derivados del pleito, por lo que es fácil colegir que se haya habilitado una forma jurídica en previsión de que el Gobierno español tuviera que enfrentarse en los tribunales con un nuevo caso de expolio», asegura una persona implicada en la negociación.

El fallo es clave
La provisión en 2010 de la «Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas» se eleva a 800.000 euros. La partida prevista para el ejercicio 2011 será, según esta misma fuente, «bastante más abultada, la de mayor importe, ya que será el momento en que se falle la apelación, se resuelva el caso, en uno u otro sentido, bien a favor de nuestros intereses o de los de la compañía Odyssey, y se realice el último pago». Podríamos estar hablando de finales de marzo y principios de abril y de una minuta para el bufete que representa a España cercana a los 5 millones de euros.

El pasado 23 de diciembre de 2009, el juez Steven D. Merriday otorgó en Tampa la razón al Gobierno español y ordenó a la compañía «cazatesoros» que dirige Gregg Stemm a que devolviera el tesoro a España. Odyssey Marine Exploration, una vez más, apeló la orden judicial ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos con el argumento ya esgrimido durante el proceso de que la fragata no iba en misión de guerra. No cabe rescurso posterior ante el Tribunal Supremo, por lo que el final del litigio, que se prolonga desde 2007, podría estar muy cerca de resolverse. El juicio, no obstante, sigue registrando movimientos.

Así, el pasado 10 de febrero se personaron en la apelación tanto los descendientes de Diego de Alvear, como los de aquellos miembros que introdujeron carga en «La Mercedes». En el caso del tesoro de la citada fragata, el valor del más de medio millón de monedas de oro y plata rescatadas, junto con numerosos artefactos, varía según la cotización de aquéllas en el mercado, por lo que cualquier estimación sería un «brindis al sol». El precio del real de a ocho de oro de la época está entre los 1.500 y 2.000 euros, mientras que el de plata se sitúa alrededor de los 700 euros. Odyssey ha revelado que el cargamento estaba formado por 30.000 piezas de plata; el resto son de oro. En el caso de que el tesoro sea finalmente devuelto a España, el botín pasaría a ser patrimonio del Estado español, que estaría facultado para vender una parte (el almacenaje de tan ingente cantidad sería casi imposible en un único lugar) y destinar el dinero obtenido en la venta para financiar otros capítulos culturales.

Salvar el «Gairsoppa»
Greg Stemm, responsable máximo de Odyssey Marine Exploration (OME), no descansa. Su empresa «cazatesoros» tiene ahora en el punto de mira a un barco británico hundido durante la segunda guerra mundial, el «SS Gairsoppa», que se construyó en 1919. El navío, que partía de la India, fue a repostar a la costa neutral de Irlanda con un jugoso cargamento compuesto por 70 millones de libras en lingotes de plata, de hierro y té cuando fue torpedeado y hundido por un submarino alemán el 17 de febrero de 1941, a 300 millas al suroeste de la Bahía de Galway. La empresa de Stemm espera que la operación de rescate, en cuya planificación lleva trabajando ya dos años, pueda estar acabada antes del verano.