Los cazatesoros solo buscan souvenirs vendibles

Las empresas cazatesoros como la estadounidense Odyssey Marine Exploration - que extrajo la carga del barco español Nuestra Señora de las Mercedes - dañan irreparablemente los yacimientos arqueológicos submarinos solo para obtener el máximo rendimiento económico, denunció el experto en derecho de patrimonio subacuático José María Lancho.

Después de una batalla legal de cinco años en los tribunales estadounidenses, dos aviones Hércules llegarán el sábado a la base de Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, con casi 600.000 monedas de oro y plata y otros artefactos procedentes de la fragata española Nuestra Señora de Atocha, hundida por la Armada británica frente a las costas del Algarve portugués en 1804, proveniente del entonces virreinato del Perú.
'(Son empresas que) descontextualizan todos los objetos y al final no hay información, ellos buscan solamente ese 'souvenir' vendible', dijo en una entrevista en Madrid el abogado José María Lancho, que asesoró a las autoridades españolas en el proceso legal. 'Qué está sucediendo ahí abajo, en esas profundidades, no lo sabemos'.
Lancho es abogado de Nerea Arqueología Subacuática y Terrestre, una empresa fundada por un grupo de jóvenes arqueólogos de la Universidad de Málaga que presentó una querella contra Odyssey en un juzgado de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, fronteriza con Gibraltar, al poco de conocerse en 2007 que la empresa norteamericana se había llevado el tesoro del enclave británico.
En la querella pedían al juez que investigara los posibles delitos de daños al patrimonio cultural, daños por imprudencia grave sobre yacimientos arqueológicos y contrabando de patrimonio histórico y arqueológico como consecuencia de las operaciones de Odyssey en la zona desde 2001 hasta la operación que llamaron 'Black Swan' en 2007.
'Se ha producido no solo la destrucción de un yacimiento, sino una intervención al margen de la ley española sobre patrimonio histórico español sumergido', explicó Lancho.
Ante la lentitud de los trámites, que Lancho mencionó podría deberse a un intento de no entorpecer el proceso legal en Florida, Nerea estudia presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, una decisión que adoptará en las próximas semanas.
Además, en Gibraltar queda aún una pequeña parte del hallazgo, que el Gobierno español consiguió que no saliera por mediación de Reino Unido, según Lancho, que criticó la actuación del territorio británico.
'El problema del Odyssey habría tenido otra dimensión sin el apoyo de Gibraltar, el papel de nuestros vecinos no ha sido digno', afirmó, reprochando el que el enclave británico permitiera que la carga saliera por el aeropuerto de soberanía conjunta hispano-británica.
La embajada británica en Madrid dijo el viernes a este respecto que 'estamos en contacto con el Ministerio español de Asuntos Exteriores. A fecha de hoy, no tenemos ninguna confirmación de que ninguno de los contenidos del barco estén en Gibraltar'.
CIERRE DE LA INDUSTRIA
Empresas como Odyssey Marine Exploration o BDJ Discovery Group no utilizan protocolos arqueológicos exhaustivos y aceptables, no se les exige una contraprestación científica, incluso acceden judicialmente a restos arqueológicos sin siquiera una exigencia mínima de identificación del pecio, señaló Lancho, que lamentó que 'los cazatesoros lo han tenido muy fácil en los tribunales' estadounidenses, citando casos que ha investigado él en aguas norteamericanas.
'Esta es una industria que cualquier país civilizado debiera invitar a cerrar', agregó, matizando que los cazatesoros no son lo mismo que el sector privado de la arqueología.
Odyssey, que defiende que aplica los estándares arqueológicos más elevados con un equipo de primera clase de investigadores y científicos, ha lamentado la decisión de los tribunales estadounidenses y sostiene que a la larga perjudicará a España, porque sus artefactos se acabarán escondiendo o incluso 'vendiendo en eBay'.
'Los cazatesoros es verdad que consiguen muchos titulares, pero las respuestas a las preguntas que tiene una sociedad las dan los científicos', afirmó Lancho.
Preguntado sobre si no sería posible una colaboración entre estas empresas, que tienen los recursos financieros y la tecnología, y los estados, respondió que tienen dos culturas muy distintas.
'Es la cultura de una empresa que ve un yacimiento arqueológico como una posibilidad de explotación comercial, convirtiéndolo en partes y vendiéndolo, y otra cultura que no ve eso como algo explotable, sino como cultura y un deber de conocimiento'.
APOYO DE EEUU
Lancho alabó la actuación de los jueces de este caso y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, preocupado también por cómo podría afectar este asunto a sus propios buques.
'Además, estos restos están asociados normalmente a tragedias que representan una desgracia colectiva', dijo. 'No creo que a ningún país le parezca aceptable que nadie acceda a esas tumbas históricas y sean destrozadas solo para buscar monedas'.
En cuanto al futuro que pueda tener la exploración submarina, el abogado afirmó que España tiene una responsabilidad que no está cumpliendo.
'Pero si no lo voy a sacar yo, ¿tiene derecho otro a destruirlo? No podemos destrozar para generaciones futuras algo sobre lo que no tenemos su última palabra'.

http://noticias.terra.es/