Las concesiones junto al mar se alargan a 75 años y se podrán vender y heredar

Ecologistas en Acción estima que la reforma de la ley es "una privatización encubierta de la costa"

Las edificaciones (casas, hoteles, industrias...) afectadas por la entrada en vigor de la Ley de Costas (de 1988), y que a la larga debían desocupar la franja de dominio público, van a ser amnistiadas. Estas construcciones, que quedaron fuera de norma con el nuevo deslinde en primera línea mar, sólo podían ser ocupadas 30 años, prórrogables a 30 más, según las concesiones otorgadas en su día por la Administración.
Se les concedió un permiso temporal porque la meta final seguía siendo lograr la liberación y el acceso público a este espacio litoral. Sin embargo, la reforma de la Ley de Costas que estudió ayer el Gobierno les permitirá seguir en esta franja a los actuales ocupantes de la primera línea.
Concretamente, las concesiones para ocupar la zona de dominio público-marítimo terrestre se ampliarán hasta los 75 años, y además, los títulos de concesión se podrán comprar y vender por el tiempo que quede pendiente e, incluso, podrán heredarse, cosa que hasta ahora no era posible.
La nueva norma permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo, informa Europa Press.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva normativa ha sido redactada "por la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente del litoral" que es, según ha subrayado, la base también del turismo español.
En este sentido, ha subrayado que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.
Transmisión mortis e intervivos
En relación a las concesiones, según explica el Gobierno, la norma también permitirá la transmisión mortis causa e intervivos y establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes para resolver la extinción de las previstas en la Ley de 1988, que expiraban en 2018.
Para el Ejecutivo, esta medida asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones de dominio público martímo-terrestre y "concilia la conservación del litoral con su uso sostenible". En este sentido, apunta que la especial situación de los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la Ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios, "ha generado problemas que van más allá de lo estrictamente jurídico".
"Todo ello, además, ha provocado desconfianza y desconcierto no solo en España, sino también en otros países. De hecho, el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre la preocupante situación de las costas españolas en 2009 (Informe Auken). El anteproyecto aprobado por el Gobierno permitirá atajar esta situación", añade.
Junto a ello, Sáenz de Santa María ha explicado que para los denominados 'chiringuitos', concesiones temporales en la zona de la playa, que "estaban en terreno de inseguridad jurídica", se establece un periodo de duración de cuatro años de concesión y su mantenimiento siempre que se mantengan las condiciones de protección medioambiental y del litoral con las que se concedió.
Igualmente, se ha referido a la cláusula "antialgarrobicos", una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la legislación. "La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha subrayado.
De este modo, se introduce la suspensión automática en vía administrativa a instancia de la Administración del Estado de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección. Acto seguido, el Estado deberá impugnar estos acuerdos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.
Modificación del uso de las playas
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural).
Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones. Además, "con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como el Pedregalejo y El Palo (Málaga).
Ecologistas en Acción, WWF y Seo/Bird Life han coincidido en criticar la ampliación de las concesiones a 75 años que propone el anteproyecto de la Ley de Costas y han destacado el enorme daño al medio ambiente que esto supondrá.
Ecologistas en Acción ha tildado de privatización encubierta esta modificación que supondrá el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a la especulación urbanística y a los intereses privados. La ONG ha asegurado que la principal medida que contiene el anteproyecto es la de ampliar las concesiones a 75 años y permitir la compra-venta de los inmuebles, "lo que equivaldría a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida".
Por otra parte, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas.
Según la organización, lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, el ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre.


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