El naufragio del Nuestra Señora del Juncal 1631

La inminencia de la campaña para descubrir el pecio es un secreto a gritos entre los expertos en la materia. Los cazatesoros de Odyssey, que en 2007 extrajeron de un barco español un tesoro de 15 toneladas de plata –devueltas al Estado español previo litigio en los tribunales de EE UU–, se ofrecieron a México en 2009 para localizar y en su caso rescatar el tesoro del Juncal, pero los mexicanos rechazaron la oferta.

Con un peso de metales preciosos estimado en 120.000 kilos, el valor de la carga del Juncal multiplicaría por 10 el de lo extraído por Odyssey –supuestamente en parte de la fragata Mercedes, pero mayoritariamente de otros pecios españoles– y según el historiador Serrano Mangas, relegaría a “una minucia” lo extraído sin permiso por los cazatesoros norteamericanos.

La razón de que la infortunada nave llevara tanto peso –y de su rápido hundimiento– era, entre otras, que España llevaba siete años sin recibir ningún barco de América, a causa del acoso de los corsarios holandeses, en la Guerra de los Treinta Años.

Ahora, una razón política ha llevado a los arqueólogos mexicanos a organizar a toda prisa una campaña para localizar el pecio del Juncal: la proximidad de las elecciones generales y presidenciales del 1 de julio, a las que el actual presidente, Felipe Calderón, no se presentará. Para su Administración y su Partido de Acción Nacional, es crucial contar antes de las elecciones con una baza como la de haber encontrado el mayor tesoro subacuático de la historia.

La operación tiene un pero desde este lado del Atlántico, y es que México no sólo no ha hecho pública la fecha de la inminente campaña, sino que tampoco ha invitado a participar a ningún representante del Ministerio de Cultura español. A las consultas de LA GACETA, ni el ministerio español ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en México tiene el peso equivalente a un ministerio, supieron contestar nada.

En teoría, la falta de consulta, y aún más la excavación de los restos del Juncal sin consultar con España, podría provocar un conflicto, ya que tanto México como España son firmantes de la Convención de 2001 de la Unesco para la protección del Patrimonio Subacuático. Esta convención establece que todo país debe informar, antes de actuar sobre los restos de un barco que se halle en sus aguas, al país originario del buque. Pero, además, los buques de Estado o de bandera están excluidos de la convención, lo que significa que, a todos los efectos, siguen perteneciendo al Estado que los fletó.

El Juncal era un buque del Estado español, pero a diferencia del buque o buques expoliados por Odyssey, sus restos no se encuentran en aguas internacionales o españolas, sino mexicanas. El Tribunal de Tampa dio la razón a España frente a Odyssey por la sencilla razón de que los barcos de Estado están protegidos en Estados Unidos –que no es firmante de la Convención de 2001– por una ley especial, y además EE UU y además tienen dos acuerdos de mutuo reconocimiento de barcos de Estado.

México, en cambio, no tiene naves cuyos restos le interese proteger mediante acuerdos bilaterales. Además, el ambiente furibundamente nacionalista impediría que un tribunal mexicano reconociera derechos a España basados en el pasado sobre un pecio en sus aguas.

Para el historiador Fernando Serrano, es importante evitar que el Juncal se convierta en motivo de una disputa que España no podría ganar a no ser que el pecio fuera declarado Patrimonio de la Humanidad –como el del Titanic– y sobre su futuro decidiera el Tribunal de La Haya, algo sobre lo que no existe precedente.

Serrano Mangas insiste en que el descubrimiento del Juncal debería ser una ocasión de colaboración cultural entre México y España. De hecho, asegura que este será “el principal evento cultural del siglo XXI”.

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