Instan a una inspección de bienes de Odyssey en Gibraltar

Un juzgado de La Línea de la Concepción ha reiterado su solicitud de cooperación judicial internacional a Gibraltar para la investigación y examen de objetos que la empresa cazadora de tesoros Odyssey Marine Exploration (OME) tiene custodiados en un hangar de la base naval del Peñón, entendiendo que ello podría arrojar esclarecimiento al supuesto caso de expolio por parte de OME de un tesoro que reclama España.
El tesoro, unas 500.000 monedas de plata y oro valoradas en 375 millones de euros, fue enviado por vía aérea desde Gibraltar hasta Estados Unidos el 18 de mayo de 2006. De hecho, la base naval militar de Gibraltar fue utilizada como base de operaciones por Odyssey Marine Exploration para los dos buques que mantuvo operando en zonas cercanas al Estrecho y en las que se supone que localizó y extrajo el citado tesoro.

El auto fue dictado el pasado 23 de septiembre por el juez José Damián Iranzo Cerezo, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea en el marco de las actuaciones relativas a las diligencias previas número 844/2007 sobre delito de contrabando de bienes integrantes del patrimonio histórico español y delito contra el patrimonio histórico español. En torno a la instrucción, el juez ordenó secreto de sumario. Contra la resolución cabía interponer recurso de reforma ante el mismo juzgados en el término de tres días contados a partir del siguiente a de su notificación.

Paralelamente, el juez Mark A. Pizzo, de la Corte Suprema de Tampa (Florida) está instruyendo el caso relativo a la reclamación que ha realizado el Ministerio de Cultura español, representado por el abogado James Goold, contra Odyssey, para que el tesoro retorne al patrimonio español.
Actualmente, España cree tener identificado el pecio del que Odyssey extrajo el tesoro: se trataría de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida frente al Algarve portugués. Sin embargo, otros indicios, entre ellos la posición diaria vía satélite de los barcos que Odyssey mantuvo operando en la zona -el Odyssey Explorer y el Ocean Alert- apuntan a que el tesoro fue extraído en una zona situada al sur de Estepona, en aguas jurisdiccionales españolas.

En el auto del juez Iranzo Cerezo, además de reclamar la cooperación jurídica internacional al territorio ultramarino británico de Gibraltar, se dispone que no ha lugar a la admisión de la personación en el caso del Ayuntamiento de San Roque.

Hay que recordar que las diligencias previas se están instruyendo como consecuencia de la denuncia que efectuó en su día a título particular el concejal andalucista sanroqueño Manuel Melero Armario ante la Guardia Civil. Melero es actualmente delegado de Seguridad Ciudadana del Consistorio sanroqueño.
En referencia a la cooperación gibraltareña, se recuerda en el auto que en respuesta a una comisión rogatoria librada en su día, por parte del fiscal general de Gibraltar, Ricky Rhoda, se interesaba la aportación de información adicional para poder hacer efectiva la cooperación internacional instada. El auto precisa que en aras a hacer efectivas las peticiones en su día cursadas al territorio ultramarino británico de Gibraltar, toma en consideración esencialmente la documental aportada a las partes tanto por la Abogacía del Estado relativa al procedimiento seguido ante el Juzgado de Tampa y la entregada por al abogado James Goold a los funcionarios adscritos al Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil. De esta última se infiere la existencia en Gibraltar -como ya apuntó este diario- de objetos extraídos por la entidad investigada, Odyssey Marine Exploration, del fondo marino.
En este sentido y teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, el auto reitera por la vía de la cooperación judicial internacional penalla petición de que no sea concedida licencia de exportación sobre tales bienes y que además se facilite a los miembros de la fuerza pública actuante, acompañados en su caso por expertos a tal fin designados por el Ministerio de Cultura, el examen de dichos objetos. Con ello se tratará de precisar las características que puedan determinar su origen histórico y el pecio o pecios (así como la localización de los mismos) de los que hubieran podido ser extraídos. Por parte del juez, pues, se trata de evitar que los efectos extraídos "del lecho marino en aguas territoriales españolas, procedentes de pecios españoles y pertenecientes al Patrimonio Histórico Español puedan salir de territorio gibraltareño".
San Roque
En lo referente al Ayuntamiento de San Roque, el auto responde a la presentación por el letrado Pacheco Ocaña, en calidad de abogado del Ayuntamiento de San Roque, de un escrito en el que se interesaba la personación del referido Consistorio en las diligencias seguidas contra Odyssey Marine Exploration "por si se hubiese expoliado algún pecio en aguas continentales dentro del término municipal de San Roque".

Todo ello en base al acuerdo alcanzado en sesión plenaria del 5 de mayo. El juez considera como un hecho que del razonamiento jurídico que invoca se infiere el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas ne lo concerniente al Patrimonio Histórico, no existiendo, según el titular del juzgado linense, base legal alguna que otorgue competencia alguna a las entidades locales en dicho juzgado.

De hecho, en las diligencias previas están personadas la Abogacía del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.