El CAS de Cádiz ayuda a Cabo Verde a proteger su patrimonio subacuático
El caso Odyssey demostró que la piratería y el expolio subacuático no entienden de fronteras; la protección de los fondos marinos, tampoco. Durante los tres próximos meses, varios especialistas de la República de Cabo Verde reciben en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (CAS) los conceptos para dotar a su país de un sistema de conservación, regulación y protección del patrimonio sumergido.
Cabo Verde es un archipiélago de 15 islas frente a la costa de Senegal que fue descubierto por los portugueses en 1460. Su posición geográfica hizo del país una niña bonita de la navegación por ser parte del triángulo comercial entre Europa, África y el Nuevo Continente. Los esclavos llenaron los barcos de sus puertos y más tarde todo tipo de bienes que provenían de América o de las Indias vía el Cabo de Buena Esperanza, y que atrajeron a las hordas de piratas holandeses, ingleses o franceses. Los expertos calculan que en los años de mayor actividad, cada tres días se hundía un barco de los que arribaba a sus puertos. Esos cientos de pecios durmieron en el fondo durante siglos, a la espera de que el país decidiese su futuro (se independizó en 1975) y llegasen los piratas del siglo XXI, armados esta vez con bombonas de oxígeno y poleas.
En estos años, el país ha decidido poner fin al expolio, proteger, conservar y poner en valor por fin su patrimonio arqueológico. La misión se desarrolla estos días en el Centro de Arqueología Subacuática del Balneario de La palma, donde tres técnicos toman nota de lo que se hace en Cádiz.
Un duro trabajo
Su tarea no es fácil. «Tenemos identificada y localizada una docena de pecios, y hay cientos. Tenemos mucho trabajo», dice Carlos Barbosa, antropólogo del Instituto de Investigación y Patrimonio de Cabo Verde, que ha accedido a este proyecto por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional. «Somos un país pobre», admite Barbosa que cuenta cómo, hasta el momento, las labores de investigación submarina se encargaban a empresas privadas que trabajaban por una parte de la carga recuperada, «hasta que se dieron cuenta de que era una política equivocada», dice la directora del CAS, Carmen García Rivera.
El principal problema es la falta de una legislación específica que proteja el patrimonio del expolio. «Ahora estudiamos la legislación española para adaptarla a nuestro país», dice Barbosa.