España perseguirá la pesca ilegal como si fuera genocidio o tortura
Se dotará de potestad para juzgar a los piratas españoles que actúen bajo cualquier bandera y en cualquier océano - El ministerio admite que todavía hay muchos gallegos operando ilegalmente en aguas del Antártico
Los tribunales españoles podrán juzgar cualquier delito de pesca ilegal cometido por uno de sus ciudadanos en cualquier océano del mundo y con independencia de la bandera en la que se ampare para realizar sus actividades piratas. Esa es una de las medidas que el Ministerio de Agricultura español incluye en un nuevo reglamento que establece sanciones específicas para la pesca marítima y que solo está pendiente del dictamen favorable del Consejo de Estado.
Lo que persigue España con ese futuro real decreto es dotarse de «competencia jurídica universal en materia pesquera», una potestad que ya tienen los Estados que así lo ratifican para juzgar «otros crímenes, como es el caso del genocidio, la tortura o los malos tratos», explicó Fernando Curcio, director general de Recursos Marinos.
De esa forma, España podrá llevar a sus tribunales a los buques y nacionales que realicen actividades piratas bajo otro pabellón, sin tener que esperar los tres meses que hasta ahora da la legislación española de margen al país de bandera para castigar la infracción de su barco. Una capacidad que, en la práctica, se ha revelado ineficaz, dado que «muchos Estados decían que ya habían actuado y sancionado cuando en realidad no era así», dijo Curcio.
Ahora España espera no estar sola y conseguir que la Unión Europea incorpore esa misma medida en el reglamento contra la pesca ilegal que el Consejo de Ministros debatirá el próximo 14 de abril. Con eso, España pretende tener «una base más sólida» a la hora de que sus magistrados valoren las infracciones en esta materia y, al mismo tiempo, evitar agravios comparativos con la flota de otros países comunitarios.
Competencias jurídicas
Sortear las discriminaciones es, precisamente, una de las razones que, según Curcio, han movido al Ministerio de Pesca a intentar dotarse de competencia jurídica universal: «Lo que se pretende es defender al sector legal frente al que está ejerciendo una competencia desleal de forma ilícita». Y también proteger a los tripulantes, pues a bordo de buques como los abanderados en Sierra Leona, Togo o Vanuatu no respetan las convenciones internacionales sobre seguridad de la vida humana en el mar. «Se han visto en el caso muchas familias gallegas que han perdido a sus allegados a bordo de este tipo de buques».
Pero Curcio no ocultó que las presiones internacionales también están detrás de esta decisión. Presiones que llegan desde países como Australia o Nueva Zelanda, pero también desde la propia Unión Europea, que se mostró «muy dolida» al conocer que detrás de las banderas de Guinea Ecuatorial, Camboya o Togo hay intereses españoles. Y es que, lamentablemente, buques piratas continúa habiendo: «En el área de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida hay unos 20 barcos ilegales y los australianos nos han comentado que, a veces, cuando abordan a uno de esos barcos, los tripulantes hablan español. Y muchos, gallego».