Barcos hundidos

Las recientes denuncias de depredación de barcos hundidos en nuestras aguas son consecuencia de la falta de una política coherente del gobierno uruguayo en materia de patrimonio subacuático. Prueba de ello es la reciente decisión de José Mujica que autorizó la búsqueda de objetos de valor en la fragata española San Rafael hundida ante Punta del Este y que vulneró lo previsto en un decreto de 2006 firmado por Tabaré Vázquez que suspendía indefinidamente ese tipo de actividades.
Esta autorización solitaria generó un precedente sobre el que podrían apoyarse empresas que antes de 2006 habían gestionado permisos para trabajar en naves hundidas en aguas territoriales uruguayas. Coincide además con denuncias de venta ilegal en Estados Unidos y a través de Internet de objetos extraídos de forma clandestina de esas naves. Buscadores de tesoros que habían identificado su ubicación y solicitado sin éxito los permisos para trabajar en ellas, protestan ahora ante las autoridades nacionales.
Diez años atrás, la Unesco propició la firma de un tratado de protección del patrimonio mundial subacuático al que Uruguay no adhirió. Así se resolvió en aras de conservar la libertad de autorizar ciertas exploraciones sin depender del consentimiento de otras naciones. Sin embargo, el citado decreto del 2006 emprendió otro camino que ahora, una vez más, vuelve a modificarse con la sorpresiva autorización concedida para el caso del San Rafael.
Si la idea es volver al sistema del pasado y permitir los rescates y extracciones con una distribución de dividendos por partes iguales entre el Estado y los particulares, será necesario establecer un régimen preciso y mantener su continuidad.