Acciones conjuntas contra los expolios de los cazatesoros

El 'caso Odyssey' fue clave para que España se diera cuenta de la importancia de proteger el patrimonio subacuático, hasta entonces vulnerable a expolios de cazatesoros y piratas ante la falta de precisión de la legislación marítima. No obstante, fue la convención de la UNESCO de 2001 la que fijó su mirada en la necesidad de custodiar los yacimientos sumergidos.
La directora del CAS, Carmen García Rivera, asegura que en Andalucía ha sido clave la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado. «Desde el año 2000 la consejería de Cultura ha dado cursos a policías y guardia civiles sobre la necesidad de proteger el patrimonio subacuático». La arqueóloga todavía se acuerda de la Operación Bahía-Géminis, cuando se desarticuló una red internacional de piratas. «Nos llegó la información de que había barcos actuando de forma extraña y con un equipo algo raro a bordo». El barco se movía entre las costas de El Puerto, Conil y Zahara. «Los equipos que llevaban los delataron», y finalmente se detuvo a los culplables.
«Andalucía protege el patrimonio que hay en sus aguas», ya que se considera un bien público. De ahí que consiguiera que Odyssey abandonara el puerto de Gibraltar en 2006, donde la empresa cazatesoros buscaba los restos del navío inglés 'HMS Sussex', hundido en 1694 supuestamente con un cargamento de oro. «En su proyecto se veía que no tenían interés científico y lo que buscaban era el oro», reconoce Carmen García. En el caso del presunto expolio del Nuestra Señora de las Mercedes, hallado en aguas portuguesas, la justicia sigue dando la razón a España. Aunque aún no está resuelto, se mantiene que la propiedad del pecio es española. «Al ser un buque de Estado, allá donde se hunde se considera suelo español», resume García.

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