La Fiscalía investiga una trama que falsificaba permisos de buceo
La Conselleria de Infraestructuras puso una denuncia al detectar que se había falseado la firma de un director general
Una denuncia interpuesta por la Conselleria de Infraestructuras ha destapado una posible trama de falsificación de licencias de buceo centralizada en una escuela de Santa Pola. Así, la Fiscalía de Alicante ha abierto una investigación después de que el Gobierno valenciano detectara que en ese centro de buceo se expedían permisos supuestamente falsificados que incluso contaban con la rúbrica del director general del Centro de Desarrollo Marítimo de la Generalitat Valenciana.
Según fuentes cercanas al caso, la alarma saltó cuando el Consell descubrió que en un permiso de buceo concedido por esta escuela de Santa Pola en 2008 constaba la firma de este director general, cuando, desde 2007, la competencia para autorizar estas licencias había cambiado a la Dirección General de Puertos. Al indagar sobre el centro que había expedido el permiso sospechoso se dieron cuenta de que no cumplía todos los requisitos legales y estaba trabajando sin licencia.
El propietario de la escuela de buceo, Keith B., ya tenía un negocio similar en Xàbia, Proplatinum, que sí era legal. No obstante, según fuentes cercanas al caso, cuando decidió cerrar y abrir una nueva escuela en Santa Pola, no logró los permisos necesarios. Al parecer, eso no fue obstáculo para seguir desarrollando su actividad y tramitar permisos a buceadores que carecen de cualquier validez.
Cuando la Conselleria de Infraestructuras tuvo noticia del presunto fraude, recopiló todos los datos necesarios y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valencia el pasado mes de septiembre. Al estimar que el asunto no era de su competencia, el ministerio público lo remitió a Alicante.
Denuncia en Valencia
La Fiscalía abrió entonces diligencias de investigación para aclarar los hechos y remitirlos a un juzgado de Elche, que será el competente porque los hechos han sucedido en Santa Pola. Una vez que el asunto esté en manos de un juez, él determinará las pruebas que es necesario practicar.
De momento no se ha determinado cuántos permisos falsos puede haber concedido el sospechoso, aunque, al parecer, esta práctica se remontaría al menos al año 2007, por lo que puede haber un elevado número de perjudicados. Tampoco ha trascendido si el dueño del centro acuático tiene algún tipo de antecedente penal o policial por hechos similares, según desvelaron a este diario las mismas fuentes.