Caso Odyssey: el expolio de un tesoro
- <dl><dd>Enésimo recurso del Odyssey para no devolver al tesoro a España rechazado. A los cazatesoros solo les queda el Supremo. Lo cuenta en ALBA Pedro García Luaces.
</dd></dl> - El Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Estados Unidos) rechazó, el pasado día 21 de septiembre, el recurso interpuesto por la empresa Odyssey contra la sentencia de 2009 que resolvía a favor de los intereses españoles sobre la propiedad de las 594.000 monedas de oro y plata rescatadas del fondo marino.
A la empresa cazatesoros no le queda más salida que la elevación del caso al Supremo, un tribunal que no admite a trámite más que un pequeño porcentaje de los casos que recibe. Podría decirse que bien está lo que bien acaba, pero el periplo de Odyssey dejó un sinfín de decisiones controvertidas que pusieron de manifiesto la descoordinación entre Administraciones y una evidente pasividad en la gestión del suceso.
Las claves del ‘caso Odyssey’
¿Qué vino a hacer Odyssey a España?
Según su versión oficial, la empresa Odyssey Marine Exploration Inc. llegó a las costas españolas en busca del barco británico HMS Sussex, hundido en 1694 por un vendaval cuando cargaba un botín destinado a comprar el apoyo de la Casa de Saboya en el conflicto que mantenían los Habsburgo con la Francia de Luis XIV. Entre 2000 y 2006, la empresa cazatesoros pudo hacer una completa cartografía submarina de la zona, campando a sus anchas por aguas de jurisdicción española sin contar con más permiso que una autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores –sin competencia en la materia. Odyssey había firmado un acuerdo con Reino Unido para repartirse la carga del Sussex, de ahí la mediación de este Gobierno con el Ministerio de Miguel Ángel Moratinos para que autorizase el trabajo de la empresa cazatesoros, aprovechando las relaciones iniciadas en el marco del Foro Tripartito.
¿Por qué anuncia el hallazgo y mantiene en secreto la información sobre el pecio?
En mayo de 2007, la empresa Odyssey anuncia el hallazgo en aguas internacionales de un botín de 17 toneladas de oro y plata encontradas junto a un pecio al que se pone el nombre en clave de Cisne Negro. El anuncio resulta ser contraproducente para los intereses de la empresa, ya que pone a las autoridades españolas sobre la pista del cargamento, pero Odyssey necesita hacerlo público para revalorizar sus acciones. La empresa se resiste a aportar más información sobre el lugar o el nombre del pecio del que extrajo la carga, por lo que proliferan las especulaciones sobre un expolio en toda regla, ya no sólo de un barco de guerra español, sino de un pecio hundido a menos de 12 millas de nuestra costa; es decir, en aguas de jurisdicción española. Odyssey conocía la localización de La Mercedes y mantuvo dos operaciones secretas y simultáneas, una en el Mediterráneo y otra en el Atlántico.
¿De qué barco se extrajeron las monedas?
La sentencia del Tribunal de Tampa puso de manifiesto que las monedas se obtuvieron del barco español Nuestra Señora de las Mercedes, hundido frente al Algarve portugués tras ser atacado por la Armada británica en octubre de 1804. La sentencia probaba que el tesoro fue extraído de un barco con pabellón español hundido en aguas internacionales, lo que desmontaba la tesis del expolio a unas pocas millas de las costas gaditana y malagueña, cuestión que hubiera hecho aún más sangrante la captura. El botín estaba formado por 594.000 doblones de oro y plata con las efigies de Carlos III y Carlos IV, acuñados en Perú en la época del virreinato. Su valor estimado es de 370 millones de euros.
¿Cómo llegaron las monedas a Florida?
Las monedas salieron en dos aviones Boeing 757, fletados desde Gibraltar en una ruta inédita y sin escalas, desde el Peñón a Florida. La Aduana gibraltareña permitió la salida de un cargamento del que no pudo certificar su procedencia ni mucho menos su titularidad, que a tenor del dictamen del Juzgado de Tampa, era española. La carga pudo salir con un permiso de tránsito, previsto para mercancías normales pero que no es válido para el traslado de restos arqueológicos. En octubre de 2009, el diputado popular José Ignacio Landaluce puso en duda la “buena vecindad” que Gibraltar promulgaba al dar cobijo a dos barcos perseguidos por las autoridades españolas y favorecer la irregular salida de su carga.
¿En qué consistió la controversia jurídica entre Odyssey y España?
La empresa Odyssey basaba su defensa jurídica en el carácter comercial de la expedición de La Mercedes, lo que implicaría que su carga no pertenecía al Estado español, sino a sus propietarios. Sin embargo los representantes españoles demostraron que se trataba de un barco de guerra que partía en misión oficial, aunque custodiase también cargamento privado, por lo que contaba con inmunidad soberana. El abogado de la parte española, James Goold, supo aprovechar la jurisprudencia generada por un precedente cursado en el año 2000 sobre la propiedad de dos fragatas españolas, La Galga y Juno, hundidas frente a las costas de Virginia en 1802 y reclamadas por la empresa cazatesoros Sea Hunt, que, sin embargo, fueron declarados buques de Estado y propiedad de la Corona española.
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