Interior cobrará en junio los rescates a los deportistas de riesgo y a los imprudentes
El Gobierno vasco anima a federarse para que el seguro asuma los costes
SALVAMENTOS
2.690 rescates y búsquedas se han llevado a cabo en Euskadi en los últimos 15 años; uno cada dos días
Deportes de riesgo
Submarinismo, vela, travesías de natación, windsurfing, flysurf, esquí acuático, wakeboard, wakesurf, skurfer, motos de agua, surf, bodyboard, rafting, hidrospeed, descenso de cañones y barrancos, piragüismo, remo, navegación, pesca, puenting, goming, kite-buggy, quads, escalada, espeleología, bici de montaña, motocross, caza, esquí, snowboard, motos de nieve, paraski, snowbike, mushing, skibike, skibike, aerostación, paracaidismo, salto base, vuelo con ultraligeros, vuelo con aparatos de motor y sin motor, parapente, ala delta y parasailing.
Todas aquellas personas que practiquen deportes de riesgo, tanto en el mar como en la montaña, o que salgan a realizar una actividad de ocio desoyendo los avisos por meteorología extrema, deberán correr con los gastos generados por su rescate. A partir del próximo mes de junio, el Gobierno vasco les girará las facturas del operativo, cuyo coste se establecerá por horas: 37 euros la de cada agente implicado y 2.200 por cada tramo horario que permanezca en funcionamiento el helicóptero. El Departamento de Interior, por tanto, ha hecho un llamamiento a los montañeros y deportistas en general para que se federen y puedan beneficiarse de la cobertura que otorga su seguro.
Así, un rescate medio, con una duración de dos horas y diez agentes implicados, le puede salir al negligente por algo más de 5.000 euros. Pero el coste se puede disparar hasta cifras estratosféricas, dependiendo de la magnitud del operativo y del tiempo que permanezca desplegado. Interior ha tomado esta medida tras detectar un «progresivo incremento» en la demanda de llamadas al 112 y con una doble finalidad: por una cuestión de «justicia redistributiva» de los recursos públicos y para evitar a los cuerpos de seguridad «riesgos innecesarios». En la actualidad, SOS Deiak coordina una operación de salvamento en la montaña cada dos días: de media, los efectivos de emergencias realizan al año 98 rescates y 81 búsquedas, que representan para las arcas públicas un desembolso anual de unos tres millones de euros.
El Ejecutivo autónomo pretende aprobar en junio la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, donde se recogerán todos los supuestos y actividades en los que se ejecutará el cobro. La medida, todavía en fase de anteproyecto, afectará a todos los deportistas de riesgo. Pero también a cualquiera que incurra en una conducta negligente: por ejemplo, una persona que salga a pasear por el monte haciendo caso omiso a las alertas naranja o roja por meteorología adversa o que practique su afición sin el equipamiento adecuado. En principio quedarán al margen aquellos que, por causas ajenas, puedan desorientarse o sufran accidentes. También estarán exentos los que sufran trastornos psíquicos, los menores de 16 años y quienes fallezcan.
El seguro que cada montañero suscribe automáticamente al federarse cubre todos los gastos de rescate y asistencia médica. Por esta razón, el viceconsejero de Interior, Raúl Fernández de Arroiabe, que compareció ayer en rueda de prensa con el director de Atención de Emergencias y Meteorología, Pedro Anitua, animó a los deportistas a obtener la correspondiente licencia. «Si conducir un vehículo nos obliga a suscribir un seguro, como consecuencia del riesgo que corremos en la carretera, la práctica de este tipo de deportes debe ir acompañada de un seguro que cubra cualquier posible contingencia», justificó.
El 87% sin federar
Es previsible, por tanto, que las federaciones reciban en las próximas semanas una avalancha de peticiones de nuevos socios para obtener la correspondiente licencia que, en el caso del montañismo, puede costar como máximo 124 euros al año. Los responsables de Interior calculan que de los 60.000 montañeros que frecuentan las cumbres vascas, apenas la mitad están federados. Según las estadísticas, el 87% de las personas rescatadas en la última década no contaban con el carné del organismo deportivo. Y en el caso del 13% restante, sorprendentemente, la Administración jamás ha reclamado a las aseguradoras el coste de las operaciones. «El debate no es si se paga o no, porque todos los rescates se pagan. El debate es quién lo paga: si lo debe hacer aquel que asume la práctica de riesgo o el conjunto de los ciudadanos», planteó Fernández de Arroiabe.
Para justificar estas medidas, los responsables de Interior presentaron los datos del balance de emergencias en la montaña de los últimos 15 años, en los que consta que desde 1996 se ha duplicado el número de actuaciones debido a una cierta «masificación» de la montaña. La mayor parte de los rescatados practicaban senderismo, desde marchas a travesías. Las caídas son la causa mayoritaria de los rescates, y los extravíos o desorientaciones, de las búsquedas. En seis de cada diez operaciones, el afectado -que es hombre en un 75% de los casos- resultó ileso, mientras que un 6% de ellos murieron. El verano y los fines de semana aglutinan la mayoría de los salvamentos, que se reparten de forma equitativa entre los tres territorios, aunque el grueso tuvo como escenario el macizo del Gorbea.
En principio, la propuesta contará con el apoyo del PP, que ve con buenos ojos una iniciativa que «pondrá coto a la conductas imprudentes de mucha gente, que se lanza a la montaña sin medir las consecuencias», apuntó el parlamentario Carlos Urquijo. A falta de conocer con detalle el anteproyecto, los populares creen que tiene sentido, como medida «educadora», la necesidad de estar asegurado para realizar prácticas de riesgo. Pero esta idea no es pionera: Cataluña y Asturias han aprobado normativas similares mientras que en otras comunidades, como Cantabria, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, esta en fase de estudio. En Europa, también se contempla el cobro en Suiza, Alemania y Austria. En Italia los gastos de transporte los sufraga el afectado si resulta indemne, mientras que en Francia se incluyen sanciones por rescates no justificados.