SENSACIONES
3rd May 2009, 13:15
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El diputado nacional José Ignacio Landaluce recuerda el expolio realizado por la compañía de Estados Unidos Odyssey Marine Exploration que todavía hoy mantiene abierto un litigio en Tampa (Florida)
El diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Landaluce informó ayer de que la próxima reunión de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados incluye en su orden del día la pregunta formulada por el propio Landaluce relativa a si el Gobierno considera que la legislación vigente es suficiente para velar por el patrimonio español sumergido.
Landaluce concretó que la pregunta formulada en el Congreso está encaminada a saber si los compromisos del Gobierno para velar por el patrimonio subacuático garantizan que éste no corre peligro a manos de empresas que sólo ven en este patrimonio objetos con los que comerciar y obtener suculentos beneficios y que existen mecanismos que protejan la inmensa riqueza arqueológica que descansa en los fondos marinos.
El diputado nacional recordó el caso protagonizado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, que consiguió extraer de los fondos marinos la carga que transportaba el buque español Nuestra Señora de las Mercedes, un tesoro valorado en alrededor de 500 millones de dólares en monedas de oro y plata. Landaluce quiso recordar también que estas monedas, tesoros, además de otros objetos de gran valor, fueron llevados a Tampa (Florida), en Estados Unidos, donde se encuentra abierto un litigio legal a instancias de España para que este tesoro sea devuelto a su legítimo propietario natural, el Estado español.
En su momento, el Grupo Parlamentario Popular denunció la "incuria y descoordinación" del Gobierno en la gestión de este expolio, "al mirar para otro lado y tolerar, en definitiva, una actuación ilícita que ha llevado a una reclamación judicial abierta en EE.UU.".
Esta situación, aseguró el diputado, sin perjuicio de los resultados que se diluciden del procedimiento judicial seguido en Tampa, puso de manifiesto "la urgente necesidad de adoptar medidas de protección, vigilancia y conservación de nuestro patrimonio subacuático, con el mayor respeto a las competencias de todas las administraciones".
A raíz de las actuaciones realizadas por Odyssey Marine Exploration, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados solicitó la comparecencia de la entonces ministra de Cultura para informar de este expolio, instando a la creación de un Plan de Protección de Patrimonio Subacuático que fue rechazado frontalmente al alegar que se trataba de competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Esta argumentación, aseguró Landaluce, contraviene el artículo cuarto de la Ley de Patrimonio Histórico Español, donde se entiende por expoliación toda "acción y omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social".
En estos casos, según la legistalción, la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Además si se desatendiere el requerimiento, la Administración dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.
El diputado nacional José Ignacio Landaluce recuerda el expolio realizado por la compañía de Estados Unidos Odyssey Marine Exploration que todavía hoy mantiene abierto un litigio en Tampa (Florida)
El diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Landaluce informó ayer de que la próxima reunión de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados incluye en su orden del día la pregunta formulada por el propio Landaluce relativa a si el Gobierno considera que la legislación vigente es suficiente para velar por el patrimonio español sumergido.
Landaluce concretó que la pregunta formulada en el Congreso está encaminada a saber si los compromisos del Gobierno para velar por el patrimonio subacuático garantizan que éste no corre peligro a manos de empresas que sólo ven en este patrimonio objetos con los que comerciar y obtener suculentos beneficios y que existen mecanismos que protejan la inmensa riqueza arqueológica que descansa en los fondos marinos.
El diputado nacional recordó el caso protagonizado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, que consiguió extraer de los fondos marinos la carga que transportaba el buque español Nuestra Señora de las Mercedes, un tesoro valorado en alrededor de 500 millones de dólares en monedas de oro y plata. Landaluce quiso recordar también que estas monedas, tesoros, además de otros objetos de gran valor, fueron llevados a Tampa (Florida), en Estados Unidos, donde se encuentra abierto un litigio legal a instancias de España para que este tesoro sea devuelto a su legítimo propietario natural, el Estado español.
En su momento, el Grupo Parlamentario Popular denunció la "incuria y descoordinación" del Gobierno en la gestión de este expolio, "al mirar para otro lado y tolerar, en definitiva, una actuación ilícita que ha llevado a una reclamación judicial abierta en EE.UU.".
Esta situación, aseguró el diputado, sin perjuicio de los resultados que se diluciden del procedimiento judicial seguido en Tampa, puso de manifiesto "la urgente necesidad de adoptar medidas de protección, vigilancia y conservación de nuestro patrimonio subacuático, con el mayor respeto a las competencias de todas las administraciones".
A raíz de las actuaciones realizadas por Odyssey Marine Exploration, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados solicitó la comparecencia de la entonces ministra de Cultura para informar de este expolio, instando a la creación de un Plan de Protección de Patrimonio Subacuático que fue rechazado frontalmente al alegar que se trataba de competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Esta argumentación, aseguró Landaluce, contraviene el artículo cuarto de la Ley de Patrimonio Histórico Español, donde se entiende por expoliación toda "acción y omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social".
En estos casos, según la legistalción, la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Además si se desatendiere el requerimiento, la Administración dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.