SENSACIONES
15th July 2008, 08:48
Las incógnitas jurídicas del ‘caso Odyssey’, al descubierto en la UIMP
Las incógnitas jurídicas del ‘caso Odyssey’ podrían despejarse muy pronto, si se demuestra que el navío expoliado era la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, hundida en 1804 al inicio de la Guerra de la Independencia. España se aferra a este argumento, que fue desgranado ayer en la UIMP por el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia, Mariano J. Aznar, miembro del grupo de trabajo del Plan Nacional de Arqueología Subacuática.
-¿En qué momento se encuentra el proceso judicial?
-España alega que se trata de un buque de Estado y que, por lo tanto, goza de inmunidad. El juez acepta debatir este argumento y si logran convencerlo de que se trata de restos de ‘La Mercedes’, el juez no será competente para juzgarlo. Así ocurrió con otro proceso, en el año 2000, con dos fragatas hundidas en aguas estadounidenses, la ‘Juno’ y la ‘Galga’. Ahora todo está en fase procedimental para que el juez determine si tiene jurisdicción. Todo hace prever que no.
¿Y qué pasará después?
-Lo normal es que la compañía ‘Odyssey’ apele esa sentencia. Pero, de nuevo, es previsible que el tribunal de apelación tampoco sea competente, y la carga que fue extraída de manera ilegal retorne a España.
-¿Hay un antes y un después de ‘Odyssey’ en la política de protección del patrimonio subacuático?
-El antes y después lo marcó el asunto de la ‘Juno’ y la ‘Galga’, pero no fue tan mediático. Con ‘Odyssey’ tuvimos a la compañía navegando por aguas españolas, diciendo a la prensa que había encontrado el tesoro… Eso movilizó a la opinión pública, y semana sí semana no algo sale del caso en la prensa. Ha supuesto que, por primera vez, el Gobierno de España agote un Plan Nacional de Arqueología Subacuática y trate de buscar el mayor número de partícipes en la redacción. Pero esto es la punta de un enorme iceberg que es el patrimonio subacuático. No hay que olvidar que no son solamente los pecios que España tiene hundidos por todo el planeta, sino que aquí, frente a la península de La Magdalena, también hay patrimonio subacuático, tan digno de tutela jurídica y protección técnica como cualquier enorme galeón hundido hace 350 años.
-¿Es necesaria, entonces, la reforma legislativa?
-Sí, porque la sociedad siempre va por delante de la ley. Además de estos hechos, cada vez más gente tiene acceso al patrimonio sumergido, con actividades como la pesca o las construcción en la costa, que pueden afectarlo. La ley, tal y como está, no es que sea mala, pero podría mejorarse. Y en 2005 España ratificó la Convención Unesco sobre Patrimonio Cultural Subacuático y, cuando entre en vigor, formará parte del ordenamiento jurídico español y habrá que adaptar la legislación.
-¿Qué cambiará?
-La obligación de proteger este patrimonio ya está, pero habrá que afinar técnicamente la ley, tal vez con un capítulo específico o promulgar una ley específica, teniendo en cuenta qué parte de las competencias son estatales y qué parte de las comunidades autónomas, en una relación no siempre pacífica. Al ciudadano le importa, si ocurre algo como la ‘Odyssey’, a quién reclamar.
-¿Se sabe apreciar este patrimonio?
-La mejor ley no servirá de nada si al final los ciudadanos no se interesan por este patrimonio, y no entienden que tan valioso como una catedral gótica es el resto de una urca hundida en el litoral cantábrico. En Cantabria se tiene la tremenda suerte de que al frente del Museo Marítimo está un reputadísimo investigador y arqueólogo, José Luis Casado Soto, un buen punto de partida a la hora de afrontar estos problemas. Lo más importante es convencer que si encuentras una pieza en la playa no te la quedes, entrégala. Si seguimos viendo como algo divertido tener un ánfora en el salón, no habremos conseguido nada.
-¿Es Cantabria una importante fuente de patrimonio subacuático?
-Todo el litoral español lo es, somos la primera potencia, con lo que implica de positivo y de responsabilidad. Tenemos un legado histórico que es de las generaciones venideras. Quizá en 20 años nuestros hijos, gracias a la tecnología, podrán disfrutar de forma distinta de este patrimonio, nuestra labor es que sea posible.
Las incógnitas jurídicas del ‘caso Odyssey’ podrían despejarse muy pronto, si se demuestra que el navío expoliado era la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, hundida en 1804 al inicio de la Guerra de la Independencia. España se aferra a este argumento, que fue desgranado ayer en la UIMP por el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia, Mariano J. Aznar, miembro del grupo de trabajo del Plan Nacional de Arqueología Subacuática.
-¿En qué momento se encuentra el proceso judicial?
-España alega que se trata de un buque de Estado y que, por lo tanto, goza de inmunidad. El juez acepta debatir este argumento y si logran convencerlo de que se trata de restos de ‘La Mercedes’, el juez no será competente para juzgarlo. Así ocurrió con otro proceso, en el año 2000, con dos fragatas hundidas en aguas estadounidenses, la ‘Juno’ y la ‘Galga’. Ahora todo está en fase procedimental para que el juez determine si tiene jurisdicción. Todo hace prever que no.
¿Y qué pasará después?
-Lo normal es que la compañía ‘Odyssey’ apele esa sentencia. Pero, de nuevo, es previsible que el tribunal de apelación tampoco sea competente, y la carga que fue extraída de manera ilegal retorne a España.
-¿Hay un antes y un después de ‘Odyssey’ en la política de protección del patrimonio subacuático?
-El antes y después lo marcó el asunto de la ‘Juno’ y la ‘Galga’, pero no fue tan mediático. Con ‘Odyssey’ tuvimos a la compañía navegando por aguas españolas, diciendo a la prensa que había encontrado el tesoro… Eso movilizó a la opinión pública, y semana sí semana no algo sale del caso en la prensa. Ha supuesto que, por primera vez, el Gobierno de España agote un Plan Nacional de Arqueología Subacuática y trate de buscar el mayor número de partícipes en la redacción. Pero esto es la punta de un enorme iceberg que es el patrimonio subacuático. No hay que olvidar que no son solamente los pecios que España tiene hundidos por todo el planeta, sino que aquí, frente a la península de La Magdalena, también hay patrimonio subacuático, tan digno de tutela jurídica y protección técnica como cualquier enorme galeón hundido hace 350 años.
-¿Es necesaria, entonces, la reforma legislativa?
-Sí, porque la sociedad siempre va por delante de la ley. Además de estos hechos, cada vez más gente tiene acceso al patrimonio sumergido, con actividades como la pesca o las construcción en la costa, que pueden afectarlo. La ley, tal y como está, no es que sea mala, pero podría mejorarse. Y en 2005 España ratificó la Convención Unesco sobre Patrimonio Cultural Subacuático y, cuando entre en vigor, formará parte del ordenamiento jurídico español y habrá que adaptar la legislación.
-¿Qué cambiará?
-La obligación de proteger este patrimonio ya está, pero habrá que afinar técnicamente la ley, tal vez con un capítulo específico o promulgar una ley específica, teniendo en cuenta qué parte de las competencias son estatales y qué parte de las comunidades autónomas, en una relación no siempre pacífica. Al ciudadano le importa, si ocurre algo como la ‘Odyssey’, a quién reclamar.
-¿Se sabe apreciar este patrimonio?
-La mejor ley no servirá de nada si al final los ciudadanos no se interesan por este patrimonio, y no entienden que tan valioso como una catedral gótica es el resto de una urca hundida en el litoral cantábrico. En Cantabria se tiene la tremenda suerte de que al frente del Museo Marítimo está un reputadísimo investigador y arqueólogo, José Luis Casado Soto, un buen punto de partida a la hora de afrontar estos problemas. Lo más importante es convencer que si encuentras una pieza en la playa no te la quedes, entrégala. Si seguimos viendo como algo divertido tener un ánfora en el salón, no habremos conseguido nada.
-¿Es Cantabria una importante fuente de patrimonio subacuático?
-Todo el litoral español lo es, somos la primera potencia, con lo que implica de positivo y de responsabilidad. Tenemos un legado histórico que es de las generaciones venideras. Quizá en 20 años nuestros hijos, gracias a la tecnología, podrán disfrutar de forma distinta de este patrimonio, nuestra labor es que sea posible.