jaribas
4th March 2008, 15:32
Saltaron todas las alarmas, pero en España no hemos querido verlo hasta hace unos meses, cuando supimos que los cazatesoros de Odyssey, después de seis años trabajando en aguas españolas, habían trasladado en secreto desde Gibraltar a Tampa dos aviones repletos de material arqueológico. Era sólo una prueba más de la enorme dimensión de una catástrofe arqueológica que acontece casi siempre en las costas americanas.
Es lo que se desprende de un informe independiente que analiza la situación y el tratamiento legal que se da en Estados Unidos a los restos arqueológicos sumergidos de origen español. Su autor es el abogado José María Lancho, quien ha logrado documentar un buen número de expolios comparables con el presuntamente llevado a cabo por Odyssey.
Apelará a la Unesco
Lancho quiere que todas las instancias posibles pongan fin a «esta crisis cultural de primera magnitud» por lo que piensa elevar su informe a la Unesco, con la esperanza de que sus expertos se sumen a los esfuerzos para parar «uno de los atentados culturales consumados más graves que ha podido producir una sociedad desarrollada, tolerándose lo que necesariamente es la extinción de hecho de todo un registro de la historia americana».
Antes incluso que los argumentos, que son demoledores, están unos hechos penosos para cualquier arqueólogo y todo ciudadano sensible a la conservación de nuestro patrimonio. Lancho ha detectado «una serie extensa de acciones judiciales y administrativas EE.UU.» a través de las cuales ha verificado que se trata de «un fenómeno muy generalizado, desarrollado con auténtica impunidad». El abogado aporta documentación diversa, desde 1965, relativa a la «tolerancia» de España con estas actividades.
Pero lo realmente nuevo es que la tecnología que permite extraer el oro y los metales de mayores profundidades -el único material que interesa explotar a estas empresas que destrozan los yacimientos- se ha conjuntado con un desarrollo paralelo de las estrategias jurídicas que blindan el secreto y la impunidad de los cazatesoros. Porque los tribunales de EE.UU. lo hacen posible.
1.- España sabe y no contesta
Uno de los casos más dolorosos es el relativo a los restos del mercante «Notre Dame de Deliverance», ya que España ha conocido largamente el pleito e incluso ha sido requerida numerosas veces para verificar su posicionamiento. El barco pertenecía a la compañía francesa de las Indias Orientales, pero fue fletado en 1755 por Carlos III para traer un importante cargo a España. El 1 de noviembre de aquel año se hundió, víctima de un huracán, con 512 personas a bordo, a 40 millas de Key West.
El abogado que casi representó al Gobierno español en esta ocasión también fue James Goold, el del Caso Odyssey y el mismo que ganó para España el pleito del «Juno» y «La Galga», según se relata en el «informe Lancho».
Pero en este pleito, interpuesto por la empresa Sub Sea Research ante un juzgado de Florida, España nunca se personó. Desde el 22 de enero de 2003, cuando el abogado Goold informa de que el Gobierno está tratando de documentar el pecio, no se ha vuelto a saber nada. Como no se presentó moción alguna, ni documentación de archivos, el juez ha dado el caso por cerrado el pasado 24 de julio de 2007. Ya no hay nada que hacer, a pesar de que en este pleito se pedía opinión a España -en atención al antecedente del «Juno» y «La Galga»- e incluso el magistrado aceptó que se hablaba de un buque «del XVIII llamado «Notre Dame de Deliverance»».
2.-La moda de «sin identificar»
La misma Sub Sea Research aprendió que los tribunales de EE.UU. permiten la explotación de buques sin identificar, e interpuso otra demanda en Florida en 2004 sobre pecios sin origen. En realidad sólo se exige la prueba de identificación a terceros que traten de personarse en el pleito, y España debería demostrarlo si quiere batallar legalmente en él.
3.- Las «minas» de Luisiana
La empresa Mississippy Grumpy presentó, por su parte, demanda sobre un pecio español cuya carga nunca fue secreta. El caso se cerró en 2004 después de once años de ricas extracciones, como si de una mina hablásemos, que empezaron con buenos resultados:
4.500 libras (más de 2 toneladas) de reales de a 8 de plata.
500 libras (más de 200 kg.) de pequeñas monedas.
Casi 2 toneladas de metal entre cañones, ajuares, pertrechos, lastres y aparejos.
4.- Tres en uno en Miami
La empresa Marine Salvage dio un nuevo volatín jurídico a la incapacidad y el nulo interés evidente de los cazatesoros para identificar pecios con el fin de evitar que cualquier país pueda reclamar derechos sobre la carga. Así, según indica el «informe Lancho», el Tribunal acepta que la empresa siga investigando/expoliando un pecio del que no sabe nada, del que no ha aprendido nada». Este caso se cerró, también, el pasado verano, en agosto de 2007, sin intervención española.
Lo curioso es que un sólo interdicto, según demuestra el abogado en su informe, cubría el expolio de tres pecios. Y eran españoles, puesto que así lo afirmaba cuando prestó la carga para una exposición, en 2002, para el Treasures of Gulf Museum. Por cierto, la muestra reemplazaba a otra sobre el Atocha, expoliado por Fisher.
5.- Otra que España no vio
En este somero repaso de la catastrófica situación arqueológica de los antiguos buques españoles hundidos en las costas de EE.UU, no puede faltar mención al excavado por Eurisco Corp. desde 1997 en el Santuario Marino de los Cayos de Florida. España no se personó y el caso acabó en acuerdo de Eurisco con el Gobierno americano. Lo curioso es que la empresa afirma que recibió una carta de la embajada española por la que no se autorizaba ninguna extracción. Sin embargo el Reino de España nunca se personó en el proceso. ¿Por qué?
6.- Pecio comprado por Odyssey
No puede faltar el caso de Discovery Group, que recientemente vendió a Odyssey los derechos de un pecio a 12 millas de Carolina del Norte del que primero se extrajeron lingotes de oro (6), de plata (2) y reales españoles. El 24 de septiembre habían presentado, bajo sello, 16 informes de extracción más. Ahora, el Tribunal acepta que Odyssey se quede con los derechos y España sigue sin personarse en el caso, que conoció el 10 de diciembre por ABC.
Aunque el presunto expolio en Gibraltar ha llevado al Gobierno a personarse en Tampa contra Odyssey, con el «informe Lancho» en la mano no es difícil valorar el peso de un precedente como el del «Juno» y «La Galga» ante una avalancha tan imparable de expolios que borran del mapa yacimientos llenos de historia sin aportar nada a la ciencia ni al conocimiento humano. Es una catástrofe sin precedentes. Y ha llegado la hora de tomárselo en serio.
Es lo que se desprende de un informe independiente que analiza la situación y el tratamiento legal que se da en Estados Unidos a los restos arqueológicos sumergidos de origen español. Su autor es el abogado José María Lancho, quien ha logrado documentar un buen número de expolios comparables con el presuntamente llevado a cabo por Odyssey.
Apelará a la Unesco
Lancho quiere que todas las instancias posibles pongan fin a «esta crisis cultural de primera magnitud» por lo que piensa elevar su informe a la Unesco, con la esperanza de que sus expertos se sumen a los esfuerzos para parar «uno de los atentados culturales consumados más graves que ha podido producir una sociedad desarrollada, tolerándose lo que necesariamente es la extinción de hecho de todo un registro de la historia americana».
Antes incluso que los argumentos, que son demoledores, están unos hechos penosos para cualquier arqueólogo y todo ciudadano sensible a la conservación de nuestro patrimonio. Lancho ha detectado «una serie extensa de acciones judiciales y administrativas EE.UU.» a través de las cuales ha verificado que se trata de «un fenómeno muy generalizado, desarrollado con auténtica impunidad». El abogado aporta documentación diversa, desde 1965, relativa a la «tolerancia» de España con estas actividades.
Pero lo realmente nuevo es que la tecnología que permite extraer el oro y los metales de mayores profundidades -el único material que interesa explotar a estas empresas que destrozan los yacimientos- se ha conjuntado con un desarrollo paralelo de las estrategias jurídicas que blindan el secreto y la impunidad de los cazatesoros. Porque los tribunales de EE.UU. lo hacen posible.
1.- España sabe y no contesta
Uno de los casos más dolorosos es el relativo a los restos del mercante «Notre Dame de Deliverance», ya que España ha conocido largamente el pleito e incluso ha sido requerida numerosas veces para verificar su posicionamiento. El barco pertenecía a la compañía francesa de las Indias Orientales, pero fue fletado en 1755 por Carlos III para traer un importante cargo a España. El 1 de noviembre de aquel año se hundió, víctima de un huracán, con 512 personas a bordo, a 40 millas de Key West.
El abogado que casi representó al Gobierno español en esta ocasión también fue James Goold, el del Caso Odyssey y el mismo que ganó para España el pleito del «Juno» y «La Galga», según se relata en el «informe Lancho».
Pero en este pleito, interpuesto por la empresa Sub Sea Research ante un juzgado de Florida, España nunca se personó. Desde el 22 de enero de 2003, cuando el abogado Goold informa de que el Gobierno está tratando de documentar el pecio, no se ha vuelto a saber nada. Como no se presentó moción alguna, ni documentación de archivos, el juez ha dado el caso por cerrado el pasado 24 de julio de 2007. Ya no hay nada que hacer, a pesar de que en este pleito se pedía opinión a España -en atención al antecedente del «Juno» y «La Galga»- e incluso el magistrado aceptó que se hablaba de un buque «del XVIII llamado «Notre Dame de Deliverance»».
2.-La moda de «sin identificar»
La misma Sub Sea Research aprendió que los tribunales de EE.UU. permiten la explotación de buques sin identificar, e interpuso otra demanda en Florida en 2004 sobre pecios sin origen. En realidad sólo se exige la prueba de identificación a terceros que traten de personarse en el pleito, y España debería demostrarlo si quiere batallar legalmente en él.
3.- Las «minas» de Luisiana
La empresa Mississippy Grumpy presentó, por su parte, demanda sobre un pecio español cuya carga nunca fue secreta. El caso se cerró en 2004 después de once años de ricas extracciones, como si de una mina hablásemos, que empezaron con buenos resultados:
4.500 libras (más de 2 toneladas) de reales de a 8 de plata.
500 libras (más de 200 kg.) de pequeñas monedas.
Casi 2 toneladas de metal entre cañones, ajuares, pertrechos, lastres y aparejos.
4.- Tres en uno en Miami
La empresa Marine Salvage dio un nuevo volatín jurídico a la incapacidad y el nulo interés evidente de los cazatesoros para identificar pecios con el fin de evitar que cualquier país pueda reclamar derechos sobre la carga. Así, según indica el «informe Lancho», el Tribunal acepta que la empresa siga investigando/expoliando un pecio del que no sabe nada, del que no ha aprendido nada». Este caso se cerró, también, el pasado verano, en agosto de 2007, sin intervención española.
Lo curioso es que un sólo interdicto, según demuestra el abogado en su informe, cubría el expolio de tres pecios. Y eran españoles, puesto que así lo afirmaba cuando prestó la carga para una exposición, en 2002, para el Treasures of Gulf Museum. Por cierto, la muestra reemplazaba a otra sobre el Atocha, expoliado por Fisher.
5.- Otra que España no vio
En este somero repaso de la catastrófica situación arqueológica de los antiguos buques españoles hundidos en las costas de EE.UU, no puede faltar mención al excavado por Eurisco Corp. desde 1997 en el Santuario Marino de los Cayos de Florida. España no se personó y el caso acabó en acuerdo de Eurisco con el Gobierno americano. Lo curioso es que la empresa afirma que recibió una carta de la embajada española por la que no se autorizaba ninguna extracción. Sin embargo el Reino de España nunca se personó en el proceso. ¿Por qué?
6.- Pecio comprado por Odyssey
No puede faltar el caso de Discovery Group, que recientemente vendió a Odyssey los derechos de un pecio a 12 millas de Carolina del Norte del que primero se extrajeron lingotes de oro (6), de plata (2) y reales españoles. El 24 de septiembre habían presentado, bajo sello, 16 informes de extracción más. Ahora, el Tribunal acepta que Odyssey se quede con los derechos y España sigue sin personarse en el caso, que conoció el 10 de diciembre por ABC.
Aunque el presunto expolio en Gibraltar ha llevado al Gobierno a personarse en Tampa contra Odyssey, con el «informe Lancho» en la mano no es difícil valorar el peso de un precedente como el del «Juno» y «La Galga» ante una avalancha tan imparable de expolios que borran del mapa yacimientos llenos de historia sin aportar nada a la ciencia ni al conocimiento humano. Es una catástrofe sin precedentes. Y ha llegado la hora de tomárselo en serio.