jaribas
13th February 2008, 16:09
El juez de La Línea cita como imputado a Greg Stemm, cofundador de Odyssey
La Justicia española mueve ficha en la polémica por el presunto expolio de Odyssey Marine Exploration en aguas del Estrecho de Gibraltar. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al proceso, el magistrado titular del juzgado número 3 de La Línea de la Concepción ha emitido un auto en el que se cita a declarar al co-fundador y consejero delegado de Odyssey, Greg Stemm, en calidad de imputado por los presuntos delitos de daños graves al patrimonio histórico y contrabando.
Según se afirma en el auto, Greg Stemm debe acudir a prestar declaración ante el juez de la localidad gaditana a finales de este mismo mes de febrero. Las diligencias abiertas en dicho juzgado también se dirigen contra el otro co-fundador de la compañía, John Morris, y contra la propia empresa cazatesoros, para aclarar el posible expolio de uno o varios pecios de bandera española, tal vez hundidos en aguas de soberanía. Estas acciones judiciales se han conocido varias semanas después de que se haya decretado el levantamiento del secreto de sumario.
Los delitos contemplados en el auto del juez de La Línea indican que, por su modus operandi, los cazatesoros podrían haber dañado irreparablemente los yacimientos en el fondo marino al realizar la extracción sin los debidos protocolos arqueológicos, mientras que la figura de contrabando apelaría a la exportación ilegal desde territorio español de la carga del ya tristemente famoso «Black Swan».
Como se recordará, el pasado mayo Odyssey anunció la llegada, procedente del aeropuerto de utilización conjunta de Gibraltar, de un «tesoro» formado por más de 500.000 monedas de plata y cientos más de oro, así como otros pertrechos extraídos, según ellos, «en aguas internacionales». Inmediatamente se desató una agria polémica, puesto que sus barcos trabajaban en aguas del Estrecho gracias a un acuerdo con Gran Bretaña para la búsqueda del buque inglés «HMS Sussex», hundido cerca de La Roca. La forma de obrar de Odyssey tensó notablemente las relaciones hispanobritánicas.
Ante la sospecha de que los bienes patrimoniales procediesen de aguas españolas, donde la empresa ha trabajado de manera casi continuada durante los últimos seis años, o de un barco de pabellón español hundido en cualquier otro lugar, el Gobierno de España decidió personarse ante los juzgados de Tampa, Florida, con el fin de impugnar los derechos que Odyssey exigía sobre la carga exportada a Estados Unidos sin previo aviso.
Pero, mientras tanto, el juzgado número 3 de la línea abrió diligencias en un proceso penal por el presunto expolio, que han contado con una exhaustiva investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Brigada de Patrimonio, así como con las denuncias de la Fiscalía. A ese proceso se añadió también una querella criminal de Nerea Arqueología Submarina, empresa vinculada a la Universidad de Málaga que ha denunciado repetidamente las actividades de los cazatesoros ante las autoridades. Por orden del juez, la Guardia Civil registró los buques de Odyssey en otro episodio lleno de tensión el pasado octubre.
ABC trató en los pasados días de lograr una confirmación sobre las diligencias en los propios juzgados de La Línea, que ni desmintieron ni confirmaron la existencia del auto de citación ni sus detalles.
Entre las partes personadas, el abogado de Nerea Arqueología Subacuática, José María Lancho, sí confirmó ayer la imputación del co-fundador de Odyssey, declinando hacer otros comentarios, aunque subrayó «la ejemplar instrucción del juzgado». Como toda reflexión, concluyó que el auto «es una consecuencia necesaria del hecho que la investigación está demostrando».
Por su parte, ABC trató ayer de ponerse en contacto telefónico con el abogado de Odyssey en España, José Luis Goñi, aunque resultó infructuoso.
Entre tanto, los abogados norteamericanos de los cazatesoros han respondido a las mociones en las que España se quejaba de que Odyssey no entregó toda la información sobre el «Black Swan» requerida por el juez de Tampa.
En su respuesta muestran su desagrado por la postura española, califican como «engañosas» las últimas mociones del abogado que representa los intereses del Gobierno, James Goold, y afirman que han dado todas las facilidades requeridas por nuestras autoridades. Además, reprochan a España que solicite información sobre algunos elementos que no obran en su poder debido a que se custodian en Gibraltar tras la «injerencia» de nuestras fuerzas de seguridad.
Por todo ello, solicitan al juez que tome buena nota de todas estas alegaciones como una violación de la orden de protección de la confidencialidad. que ha puesto en peligro las monedas y a quienes las custodian. En concreto, afirman que emisarios españoles visitaron dos días la sede de la compañía en Tampa («por invitación y no por requerimiento») donde accedieron a vídeos y fotomosaicos del yacimiento y quedaron «sorprendidos ante la postura cooperativa de Odyssey».
La Justicia española mueve ficha en la polémica por el presunto expolio de Odyssey Marine Exploration en aguas del Estrecho de Gibraltar. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al proceso, el magistrado titular del juzgado número 3 de La Línea de la Concepción ha emitido un auto en el que se cita a declarar al co-fundador y consejero delegado de Odyssey, Greg Stemm, en calidad de imputado por los presuntos delitos de daños graves al patrimonio histórico y contrabando.
Según se afirma en el auto, Greg Stemm debe acudir a prestar declaración ante el juez de la localidad gaditana a finales de este mismo mes de febrero. Las diligencias abiertas en dicho juzgado también se dirigen contra el otro co-fundador de la compañía, John Morris, y contra la propia empresa cazatesoros, para aclarar el posible expolio de uno o varios pecios de bandera española, tal vez hundidos en aguas de soberanía. Estas acciones judiciales se han conocido varias semanas después de que se haya decretado el levantamiento del secreto de sumario.
Los delitos contemplados en el auto del juez de La Línea indican que, por su modus operandi, los cazatesoros podrían haber dañado irreparablemente los yacimientos en el fondo marino al realizar la extracción sin los debidos protocolos arqueológicos, mientras que la figura de contrabando apelaría a la exportación ilegal desde territorio español de la carga del ya tristemente famoso «Black Swan».
Como se recordará, el pasado mayo Odyssey anunció la llegada, procedente del aeropuerto de utilización conjunta de Gibraltar, de un «tesoro» formado por más de 500.000 monedas de plata y cientos más de oro, así como otros pertrechos extraídos, según ellos, «en aguas internacionales». Inmediatamente se desató una agria polémica, puesto que sus barcos trabajaban en aguas del Estrecho gracias a un acuerdo con Gran Bretaña para la búsqueda del buque inglés «HMS Sussex», hundido cerca de La Roca. La forma de obrar de Odyssey tensó notablemente las relaciones hispanobritánicas.
Ante la sospecha de que los bienes patrimoniales procediesen de aguas españolas, donde la empresa ha trabajado de manera casi continuada durante los últimos seis años, o de un barco de pabellón español hundido en cualquier otro lugar, el Gobierno de España decidió personarse ante los juzgados de Tampa, Florida, con el fin de impugnar los derechos que Odyssey exigía sobre la carga exportada a Estados Unidos sin previo aviso.
Pero, mientras tanto, el juzgado número 3 de la línea abrió diligencias en un proceso penal por el presunto expolio, que han contado con una exhaustiva investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Brigada de Patrimonio, así como con las denuncias de la Fiscalía. A ese proceso se añadió también una querella criminal de Nerea Arqueología Submarina, empresa vinculada a la Universidad de Málaga que ha denunciado repetidamente las actividades de los cazatesoros ante las autoridades. Por orden del juez, la Guardia Civil registró los buques de Odyssey en otro episodio lleno de tensión el pasado octubre.
ABC trató en los pasados días de lograr una confirmación sobre las diligencias en los propios juzgados de La Línea, que ni desmintieron ni confirmaron la existencia del auto de citación ni sus detalles.
Entre las partes personadas, el abogado de Nerea Arqueología Subacuática, José María Lancho, sí confirmó ayer la imputación del co-fundador de Odyssey, declinando hacer otros comentarios, aunque subrayó «la ejemplar instrucción del juzgado». Como toda reflexión, concluyó que el auto «es una consecuencia necesaria del hecho que la investigación está demostrando».
Por su parte, ABC trató ayer de ponerse en contacto telefónico con el abogado de Odyssey en España, José Luis Goñi, aunque resultó infructuoso.
Entre tanto, los abogados norteamericanos de los cazatesoros han respondido a las mociones en las que España se quejaba de que Odyssey no entregó toda la información sobre el «Black Swan» requerida por el juez de Tampa.
En su respuesta muestran su desagrado por la postura española, califican como «engañosas» las últimas mociones del abogado que representa los intereses del Gobierno, James Goold, y afirman que han dado todas las facilidades requeridas por nuestras autoridades. Además, reprochan a España que solicite información sobre algunos elementos que no obran en su poder debido a que se custodian en Gibraltar tras la «injerencia» de nuestras fuerzas de seguridad.
Por todo ello, solicitan al juez que tome buena nota de todas estas alegaciones como una violación de la orden de protección de la confidencialidad. que ha puesto en peligro las monedas y a quienes las custodian. En concreto, afirman que emisarios españoles visitaron dos días la sede de la compañía en Tampa («por invitación y no por requerimiento») donde accedieron a vídeos y fotomosaicos del yacimiento y quedaron «sorprendidos ante la postura cooperativa de Odyssey».