jaribas
4th December 2007, 06:54
(El Pais) España ya cuenta con un primer inventario de su patrimonio sumergido en los océanos de todo el planeta. La lista, elaborada por la empresa española Nerea Arqueología Subacuática para el Ministerio de Cultura, muestra los buques hundidos cuando España era una potencia naval y supone una primera línea de trabajo del plan del Gobierno para proteger los pecios del expolio y de los cazatesoros.
El mapa sólo muestra una parte de los yacimientos. Miles de puntos desperdigados por todo el globo terráqueo aún siguen siendo un misterio, lugares donde se perdieron otros tantos miles de buques, a veces con valiosos cargamentos de oro y plata, otras veces con importantes secretos sobre la historia de este país. Los expertos más lanzados se aventuran a cifrar la suma de todas esas riquezas en unos 116.000 millones de euros, algo así como el PIB (producto interior bruto) de Irlanda. Los más precavidos aseguran que la cifra es incalculable.
Pero, y qué más da lo que valga todo eso. En España, los tesoros no sirven para hacer dinero. Las leyes españolas no permiten comerciar con ninguna pieza que pertenezca al patrimonio español. "Es importante que eso se sepa", destaca Javier Noriega, un joven arqueólogo español de la empresa Nerea Arqueología Subacuática, que se ha encargado de recoger la información de los primeros pecios para el Ministerio de Cultura. "Los arqueólogos españoles no vemos la mercancía de un pecio como algo con lo que lucrarse. No hablamos de tesoros. Nos interesa la investigación y la historia que esas piezas nos cuentan", afirma Noriega, crítico feroz de los métodos que, según él y la mayoría de los arqueólogos españoles consultados, emplean los cazatesoros.
Se conocen muchos más navíos de los recogidos en este primer listado, pero los arqueólogos que trabajan en el Plan Nacional de Arqueología Subacuática elaborado por el Ministerio de Cultura están empezando a trabajar con éstos bajo la lógica aplastante de que sólo se puede proteger aquello que se sabe dónde está. La Mercedes (1804), El Nuestra Señora de la Concepción (1715), El Bretendona (1554), El Ángel Bueno (1563)... La mayoría de los barcos hundidos que se fueron a pique lo hicieron entre los siglos XVI y principios del XIX, cuando el país domeñaba un imperio que siempre amenazaba con desmoronarse, pero que se prolongó durante algo más de 300 años. El gran peso del mapa lo sostienen los buques de la Carrera de Indias, esa ruta marítima que convirtió a España en una nación rica, y al mar en su principal ladrón. Desde 1503, año en el que se estableció en Sevilla la Casa de Contratación, donde recalaban los navíos que traían las mercancías de América, el tráfico por el Atlántico se convirtió en uno de los más intensos del mundo. Las tempestades, los errores técnicos, las grandes batallas navales o los simples actos de piratería acabaron en muchas ocasiones con los millonarios tesoros españoles en los fondos marinos.
A nadie se le escapa que el impulso de este Plan Nacional de Arqueología se genera en el caso Odyssey. El hallazgo de la compañía estadounidense, puntera en la búsqueda de pecios submarinos, de un tesoro de 500.000 monedas en una zona cercana a la costa española hizo pensar a las autoridades españolas que la empresa les había expoliado uno de sus barcos en plenas narices. Ambas partes pugnan en Estados Unidos por los derechos sobre el pecio del que todavía se desconoce el nombre. Mientras un juez de Tampa, en el Estado de Florida, decide quién tiene la razón, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un plan a prueba de cazatesoros. La protección del patrimonio submarino pasa, según el Gobierno, por elaborar cartas arqueológicas de todo el país e inventariar y documentar los pecios españoles en todo el mundo. Las zonas arqueológicas subacuáticas más emblemáticas del litoral serán consideradas Bien de Interés Cultural (BIC) y los centros de Arqueología Subacuática recibirán más dinero (aún no se sabe cuánto). Se gastará más en la formación de los arqueólogos, se tratará de divulgar la importancia del patrimonio español más desconocido y se baraja la posibilidad de vigilarlo mediante satélite.
Ésas son las líneas generales del plan, según el ministerio. La primera reunión de los representantes del Gobierno, las comunidades autónomas, abogados, Guardia Civil, Armada y arqueólogos está convocada para el próximo 12 de diciembre y quizá allí se concreten las medidas a seguir. Si no lo hacen, el plan corre el riesgo de ser sólo una declaración de intenciones. "Necesitamos tecnología y medios suficientes para poder trabajar en condiciones en el medio submarino", explica Javier Noriega. "Los cazatesoros siempre llegan antes", se lamenta.
En cualquier caso, la mera existencia de un plan apunta a un cambio en la actitud española ante los naufragios de sus naves. Durante mucho tiempo se ha hablado de la tradicional desidia española hacia todo lo que estaba hundido en el océano. Los tribunales estadounidenses daban la razón siempre a los cazatesoros, ante la poca energía que ponían las autoridades españolas en la recuperación de su patrimonio. "Es un buque abandonado [...] cuyo propietario original no existe. El Gobierno español no ha expresado interés en interponer reclamación como propietario-sucesor", decía la sentencia de un juez de Florida en 1983 sobre el Santa Margarita, galeón con el que se quedó el famoso cazatesoros Mel Fischer.
Las cosas parecen haber cambiado por parte de las autoridades. Mientras, los arqueólogos españoles viven con intensidad ese cambio de actitud. "El cambio supone un avance, pero también tenemos que cambiar nosotros", dice un arqueólogo español que prefiere no dar su nombre. "Es vital que dejemos esa pose tan academicista que nos hace publicar sólo para que nos lean otros colegas. Hay que dar a conocer las historias que obtenemos de la investigación. Sin la divulgación esto no tiene ningún sentido", explica la misma fuente.
¿Y cómo ve todo esto Odyssey Marine Exploration? La empresa estadounidense ha manifestado en muchas ocasiones que su interés es llegar a acuerdos con los diferentes Gobiernos para poner su tecnología a su servicio. Si España tiene tantos pecios repartidos por todo el mundo, la compañía tendría que buscar un mayor acercamiento al Gobierno. Pero el enfado de las autoridades españolas a raíz del caso de las 500.000 monedas de plata encontradas en el Atlántico no parece que vaya a resolver nunca esas diferencias.
La empresa señala que ha sido transparente y que no puede revelar el nombre del pecio encontrado porque aún no sabe cuál es. Su cofundador, Greg Stemm, defiende su modelo de arqueología. Niega ser un cazatesoros y asegura que es posible aunar los beneficios económicos con la investigación científica. Y se sorprende cuando España habla de proteger sus tesoros. "Si no los rescatan, seguirán abandonados en los océanos, donde su destrucción es mucho más que probable", señala.
Vigilancia espacial
Los movimientos de los barcos que tratan de rescatar los buques españoles históricos podrían ser vigilados desde el espacio. Una de las medidas más innovadoras que baraja el Ministerio de Cultura para proteger los pecios es la del sistema Vyamsat (Vigilancia de Yacimientos Marinos Mediante Satélite). Los creadores de la iniciativa se conocieron en la Universidad de Málaga. "Cada mañana coincidíamos en los desayunos con nuestros vecinos del laboratorio", cuenta Javier Noriega, de la empresa Nerea Arqueología Subacuática. "Nosotros teníamos un problema para proteger los pecios y ellos [la compañía Decasat] estaban especializados en la monitorización del territorio vía satélite".
El sistema consiste en la obtención de fotografías aéreas captadas por diferentes satélites. Esas fotos configuran un mapa cartográfico en el que se van añadiendo los cambios posicionales de las embarcaciones que navegan por los polígonos de protección instalados en los yacimientos arqueológicos. Toda la información recopilada se envía a una base de datos que cuenta con sofisticados sistemas de información geográfica, cartografía digital, gráficos digitales y tecnología telemática.
Eso permite reconocer al supuesto barco expoliador y recoger información que resultaría vital en caso de tener que presentar pruebas ante un juzgado. El programa Vyamsat se encuentra ya muy desarrollado, según explican desde Nerea. Los resultados serán presentados al Ministerio de Cultura el próximo mes de diciembre. "Ahora son las administraciones las que tendrán que decidir. Ellos son los encargados de custodiar y vigilar nuestro patrimonio", concluye Noriega.
El mapa sólo muestra una parte de los yacimientos. Miles de puntos desperdigados por todo el globo terráqueo aún siguen siendo un misterio, lugares donde se perdieron otros tantos miles de buques, a veces con valiosos cargamentos de oro y plata, otras veces con importantes secretos sobre la historia de este país. Los expertos más lanzados se aventuran a cifrar la suma de todas esas riquezas en unos 116.000 millones de euros, algo así como el PIB (producto interior bruto) de Irlanda. Los más precavidos aseguran que la cifra es incalculable.
Pero, y qué más da lo que valga todo eso. En España, los tesoros no sirven para hacer dinero. Las leyes españolas no permiten comerciar con ninguna pieza que pertenezca al patrimonio español. "Es importante que eso se sepa", destaca Javier Noriega, un joven arqueólogo español de la empresa Nerea Arqueología Subacuática, que se ha encargado de recoger la información de los primeros pecios para el Ministerio de Cultura. "Los arqueólogos españoles no vemos la mercancía de un pecio como algo con lo que lucrarse. No hablamos de tesoros. Nos interesa la investigación y la historia que esas piezas nos cuentan", afirma Noriega, crítico feroz de los métodos que, según él y la mayoría de los arqueólogos españoles consultados, emplean los cazatesoros.
Se conocen muchos más navíos de los recogidos en este primer listado, pero los arqueólogos que trabajan en el Plan Nacional de Arqueología Subacuática elaborado por el Ministerio de Cultura están empezando a trabajar con éstos bajo la lógica aplastante de que sólo se puede proteger aquello que se sabe dónde está. La Mercedes (1804), El Nuestra Señora de la Concepción (1715), El Bretendona (1554), El Ángel Bueno (1563)... La mayoría de los barcos hundidos que se fueron a pique lo hicieron entre los siglos XVI y principios del XIX, cuando el país domeñaba un imperio que siempre amenazaba con desmoronarse, pero que se prolongó durante algo más de 300 años. El gran peso del mapa lo sostienen los buques de la Carrera de Indias, esa ruta marítima que convirtió a España en una nación rica, y al mar en su principal ladrón. Desde 1503, año en el que se estableció en Sevilla la Casa de Contratación, donde recalaban los navíos que traían las mercancías de América, el tráfico por el Atlántico se convirtió en uno de los más intensos del mundo. Las tempestades, los errores técnicos, las grandes batallas navales o los simples actos de piratería acabaron en muchas ocasiones con los millonarios tesoros españoles en los fondos marinos.
A nadie se le escapa que el impulso de este Plan Nacional de Arqueología se genera en el caso Odyssey. El hallazgo de la compañía estadounidense, puntera en la búsqueda de pecios submarinos, de un tesoro de 500.000 monedas en una zona cercana a la costa española hizo pensar a las autoridades españolas que la empresa les había expoliado uno de sus barcos en plenas narices. Ambas partes pugnan en Estados Unidos por los derechos sobre el pecio del que todavía se desconoce el nombre. Mientras un juez de Tampa, en el Estado de Florida, decide quién tiene la razón, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un plan a prueba de cazatesoros. La protección del patrimonio submarino pasa, según el Gobierno, por elaborar cartas arqueológicas de todo el país e inventariar y documentar los pecios españoles en todo el mundo. Las zonas arqueológicas subacuáticas más emblemáticas del litoral serán consideradas Bien de Interés Cultural (BIC) y los centros de Arqueología Subacuática recibirán más dinero (aún no se sabe cuánto). Se gastará más en la formación de los arqueólogos, se tratará de divulgar la importancia del patrimonio español más desconocido y se baraja la posibilidad de vigilarlo mediante satélite.
Ésas son las líneas generales del plan, según el ministerio. La primera reunión de los representantes del Gobierno, las comunidades autónomas, abogados, Guardia Civil, Armada y arqueólogos está convocada para el próximo 12 de diciembre y quizá allí se concreten las medidas a seguir. Si no lo hacen, el plan corre el riesgo de ser sólo una declaración de intenciones. "Necesitamos tecnología y medios suficientes para poder trabajar en condiciones en el medio submarino", explica Javier Noriega. "Los cazatesoros siempre llegan antes", se lamenta.
En cualquier caso, la mera existencia de un plan apunta a un cambio en la actitud española ante los naufragios de sus naves. Durante mucho tiempo se ha hablado de la tradicional desidia española hacia todo lo que estaba hundido en el océano. Los tribunales estadounidenses daban la razón siempre a los cazatesoros, ante la poca energía que ponían las autoridades españolas en la recuperación de su patrimonio. "Es un buque abandonado [...] cuyo propietario original no existe. El Gobierno español no ha expresado interés en interponer reclamación como propietario-sucesor", decía la sentencia de un juez de Florida en 1983 sobre el Santa Margarita, galeón con el que se quedó el famoso cazatesoros Mel Fischer.
Las cosas parecen haber cambiado por parte de las autoridades. Mientras, los arqueólogos españoles viven con intensidad ese cambio de actitud. "El cambio supone un avance, pero también tenemos que cambiar nosotros", dice un arqueólogo español que prefiere no dar su nombre. "Es vital que dejemos esa pose tan academicista que nos hace publicar sólo para que nos lean otros colegas. Hay que dar a conocer las historias que obtenemos de la investigación. Sin la divulgación esto no tiene ningún sentido", explica la misma fuente.
¿Y cómo ve todo esto Odyssey Marine Exploration? La empresa estadounidense ha manifestado en muchas ocasiones que su interés es llegar a acuerdos con los diferentes Gobiernos para poner su tecnología a su servicio. Si España tiene tantos pecios repartidos por todo el mundo, la compañía tendría que buscar un mayor acercamiento al Gobierno. Pero el enfado de las autoridades españolas a raíz del caso de las 500.000 monedas de plata encontradas en el Atlántico no parece que vaya a resolver nunca esas diferencias.
La empresa señala que ha sido transparente y que no puede revelar el nombre del pecio encontrado porque aún no sabe cuál es. Su cofundador, Greg Stemm, defiende su modelo de arqueología. Niega ser un cazatesoros y asegura que es posible aunar los beneficios económicos con la investigación científica. Y se sorprende cuando España habla de proteger sus tesoros. "Si no los rescatan, seguirán abandonados en los océanos, donde su destrucción es mucho más que probable", señala.
Vigilancia espacial
Los movimientos de los barcos que tratan de rescatar los buques españoles históricos podrían ser vigilados desde el espacio. Una de las medidas más innovadoras que baraja el Ministerio de Cultura para proteger los pecios es la del sistema Vyamsat (Vigilancia de Yacimientos Marinos Mediante Satélite). Los creadores de la iniciativa se conocieron en la Universidad de Málaga. "Cada mañana coincidíamos en los desayunos con nuestros vecinos del laboratorio", cuenta Javier Noriega, de la empresa Nerea Arqueología Subacuática. "Nosotros teníamos un problema para proteger los pecios y ellos [la compañía Decasat] estaban especializados en la monitorización del territorio vía satélite".
El sistema consiste en la obtención de fotografías aéreas captadas por diferentes satélites. Esas fotos configuran un mapa cartográfico en el que se van añadiendo los cambios posicionales de las embarcaciones que navegan por los polígonos de protección instalados en los yacimientos arqueológicos. Toda la información recopilada se envía a una base de datos que cuenta con sofisticados sistemas de información geográfica, cartografía digital, gráficos digitales y tecnología telemática.
Eso permite reconocer al supuesto barco expoliador y recoger información que resultaría vital en caso de tener que presentar pruebas ante un juzgado. El programa Vyamsat se encuentra ya muy desarrollado, según explican desde Nerea. Los resultados serán presentados al Ministerio de Cultura el próximo mes de diciembre. "Ahora son las administraciones las que tendrán que decidir. Ellos son los encargados de custodiar y vigilar nuestro patrimonio", concluye Noriega.