jaribas
21st October 2007, 14:32
Había llegado el momento de mojarse. Los arqueólogos españoles comparten la opinión de que Odyssey Marine Exploration (OME) es una empresa cazatesoros y que «la actuación de sus barcos en el Estrecho ha sido una tomadura de pelo», dijo ayer el arqueólogo Javier Noriega. El grupo al que representa, Nerea Arqueología Submarina, vinculado a la Universidad de Málaga, ha decidido presentar una querella criminal contra OME y su fundador, Gregory Stemm, en los juzgados de La Línea de la Concepción, que ya están investigando a la empresa cazatesoros por un posible expolio en aguas de soberanía española.
La iniciativa surge de una profunda «inquietud cultural y arqueológica, ya que no hablamos de tesoros de oro y plata, ni de aventuras apasionantes, sino de patrimonio de la humanidad que muy posiblemente ha sido sustraído de España conculcando el derecho español para darlo a un fin comercial». Son actividades prohibidas por nuestras leyes.
La aparición de esta acción penal cambia el paisaje judicial de OME por sus operaciones en nuestras costas. El abogado de Nerea, José María Lancho, destacó la contundencia de esta personación, basada en la madurez de nuestro marco jurídico, plenamente democrático, en el que tienen espacio las acciones de la sociedad civil.
También subrayó la lealtad de estas acciones con la Administración, algo que Nerea ha demostrado durante seis años con las decenas de informes en los que ponía en conocimiento de las autoridades el peligro de las actividades de OME para nuestro patrimonio, y que se adjuntan a la querella. Para que el daño que haya podido causar no resulte irreparable, la personación incluye una petición de fianza de 83 millones, la que marca la ley.
Posibles delitos
Los delitos que la querella solicita dirimir son uno de daños al patrimonio (art.323 del Código Penal), otro por daños por imprudencia grave sobre yacimientos arqueológicos (art. 324) y finalmente un posible delito de contrabando de patrimonio histórico y arqueológico de la ley orgánica 12/1995 de represión del contrabando. «La sociedad civil y la comunidad científica no deben perder el acceso de todos a la cultura en beneficio del negocio de unos pocos», dijo Lancho.
«Nos presentamos por dignidad profesional. Lo que ha ocurrido es tan grave como si alguien se llevase la Giralda, lo que pasa es que resulta más difícil tener conciencia del valor del patrimonio que yace bajo el mar», afirmó Noriega. «Las máquinas que llevan son para localizar yacimientos y el ROV para fotografiarlos y extraer sus restos de oro y plata.
Esta empresa cazatesoros no debía haber estado nunca en nuestras aguas», lamentó el arqueólogo, que ve un rayo de luz en el nuevo Plan de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, recién puesto en marcha por el Ministerio de Cultura.
«Posiblemente, nunca sepamos de dónde salieron realmente los objetos de una de las mayores extracciones de Europa, ni siquiera cómo se sacaron; tampoco van a dejar consecuencias ni publicaciones científicas que enriquezcan nuestro conocimiento del pasado y esto es muy lamentable», añadió Lancho.
Asimismo, se extrañó de que OME siempre aduzca el peligro en que están los yacimientos para mantener en secreto sus posiciones y cubrir con un velo ambiguo sus actividades, con el fin de apelar a la ley de salvamento del Almirantazgo estadounidense.
La iniciativa surge de una profunda «inquietud cultural y arqueológica, ya que no hablamos de tesoros de oro y plata, ni de aventuras apasionantes, sino de patrimonio de la humanidad que muy posiblemente ha sido sustraído de España conculcando el derecho español para darlo a un fin comercial». Son actividades prohibidas por nuestras leyes.
La aparición de esta acción penal cambia el paisaje judicial de OME por sus operaciones en nuestras costas. El abogado de Nerea, José María Lancho, destacó la contundencia de esta personación, basada en la madurez de nuestro marco jurídico, plenamente democrático, en el que tienen espacio las acciones de la sociedad civil.
También subrayó la lealtad de estas acciones con la Administración, algo que Nerea ha demostrado durante seis años con las decenas de informes en los que ponía en conocimiento de las autoridades el peligro de las actividades de OME para nuestro patrimonio, y que se adjuntan a la querella. Para que el daño que haya podido causar no resulte irreparable, la personación incluye una petición de fianza de 83 millones, la que marca la ley.
Posibles delitos
Los delitos que la querella solicita dirimir son uno de daños al patrimonio (art.323 del Código Penal), otro por daños por imprudencia grave sobre yacimientos arqueológicos (art. 324) y finalmente un posible delito de contrabando de patrimonio histórico y arqueológico de la ley orgánica 12/1995 de represión del contrabando. «La sociedad civil y la comunidad científica no deben perder el acceso de todos a la cultura en beneficio del negocio de unos pocos», dijo Lancho.
«Nos presentamos por dignidad profesional. Lo que ha ocurrido es tan grave como si alguien se llevase la Giralda, lo que pasa es que resulta más difícil tener conciencia del valor del patrimonio que yace bajo el mar», afirmó Noriega. «Las máquinas que llevan son para localizar yacimientos y el ROV para fotografiarlos y extraer sus restos de oro y plata.
Esta empresa cazatesoros no debía haber estado nunca en nuestras aguas», lamentó el arqueólogo, que ve un rayo de luz en el nuevo Plan de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, recién puesto en marcha por el Ministerio de Cultura.
«Posiblemente, nunca sepamos de dónde salieron realmente los objetos de una de las mayores extracciones de Europa, ni siquiera cómo se sacaron; tampoco van a dejar consecuencias ni publicaciones científicas que enriquezcan nuestro conocimiento del pasado y esto es muy lamentable», añadió Lancho.
Asimismo, se extrañó de que OME siempre aduzca el peligro en que están los yacimientos para mantener en secreto sus posiciones y cubrir con un velo ambiguo sus actividades, con el fin de apelar a la ley de salvamento del Almirantazgo estadounidense.