The diving journalist
29th October 2011, 10:16
Después de 30 años de debate, proyectos de Ley fallidos y hasta demandas internacionales como la del Galeón San José, el Gobierno presenta un nuevo proyecto de Ley para regular el Patrimonio sumergido. Hasta este momento, todos los naufragios y vestigios sumergidos en nuestros mares y lagunas se podían extraer con autorización del Gobierno, pero no estaba definido qué se considera patrimonio sumergido y qué no lo es, como lo determina este proyecto de Ley.
De acuerdo con sus dos primeros artículos, todos los bienes de hundimientos o naufragios que tengan menos de 100 años (desde el momento en que ocurre el hecho) no serán considerados patrimonio cultural sumergido; mientras que los que hayan cumplido más de 100 años lo serán, en principio, aunque el Consejo de Patrimonio Sumergido determinará específicamente qué piezas son patrimonio y cuáles son bienes cambiarios.
Para determinarlo, esa comisión tendría en cuenta criterios como representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación o de importancia científica de las piezas.
"Lo más importante en un hundimiento es la historia, pero también es cierto que se pueden encontrar lingotes de oro. En ese caso, la Ley prevé el posible criterio de repetición, es decir que si encuentran 100 lingotes iguales, el Consejo decidirá cuántos guardar para exhibir y de cuántos se puede disponer eventualmente", explicó la Ministra de Cultura, Mariana Garcés.
Este es uno de los puntos más polémicos, por quienes consideran que se terminará rematando el patrimonio.
En el país se cree que existen 1.200 naufragios de las épocas colonial y republicana, pero, como admite el Gobierno, "no tenemos la capacidad para financiar la exploración ni la tecnología especializada".
Ese es el principal argumento por el cual el Gobierno abre las puertas a que empresas o particulares hagan exploración, intervención y aprovechamiento económico de los navíos hundidos y lograr que sus bienes no sigan en el mar. Según el proyecto, estas firmas tendrán un sistema de contratación estatal con regímenes especiales.
Otro de los puntos críticos es si el Estado les pagará a esas firmas con lo que rescaten o si lo hará con recursos de la Nación.
"La Ley dice que hay que reconocer el trabajo de quien haga la exploración y dependiendo de la calificación que se le dé a lo que encuentre se les paga con parte del tesoro encontrado, en el evento de que la comisión diga que no es patrimonio; o con recursos del Estado".
La norma que se discutirá en el Congreso define también sanciones pecuniarias de entre 100.000 a 1 millón de salarios mínimos para empresas o particulares que "cometan hechos no autorizados o lesivos del Patrimonio Cultural Sumergido", quienes serían inhabilitadas por 20 años para nuevos contratos de exploración.
Aún está por verse cómo este proyecto de Ley marque la pauta para el caso del Galeón San José. La Ministra aseguró que el proyecto busca evitar que casos como este vuelvan a suceder y lleguen a demandas, pero no quiso referirse al tema.
http://www.eltiempo.com
De acuerdo con sus dos primeros artículos, todos los bienes de hundimientos o naufragios que tengan menos de 100 años (desde el momento en que ocurre el hecho) no serán considerados patrimonio cultural sumergido; mientras que los que hayan cumplido más de 100 años lo serán, en principio, aunque el Consejo de Patrimonio Sumergido determinará específicamente qué piezas son patrimonio y cuáles son bienes cambiarios.
Para determinarlo, esa comisión tendría en cuenta criterios como representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación o de importancia científica de las piezas.
"Lo más importante en un hundimiento es la historia, pero también es cierto que se pueden encontrar lingotes de oro. En ese caso, la Ley prevé el posible criterio de repetición, es decir que si encuentran 100 lingotes iguales, el Consejo decidirá cuántos guardar para exhibir y de cuántos se puede disponer eventualmente", explicó la Ministra de Cultura, Mariana Garcés.
Este es uno de los puntos más polémicos, por quienes consideran que se terminará rematando el patrimonio.
En el país se cree que existen 1.200 naufragios de las épocas colonial y republicana, pero, como admite el Gobierno, "no tenemos la capacidad para financiar la exploración ni la tecnología especializada".
Ese es el principal argumento por el cual el Gobierno abre las puertas a que empresas o particulares hagan exploración, intervención y aprovechamiento económico de los navíos hundidos y lograr que sus bienes no sigan en el mar. Según el proyecto, estas firmas tendrán un sistema de contratación estatal con regímenes especiales.
Otro de los puntos críticos es si el Estado les pagará a esas firmas con lo que rescaten o si lo hará con recursos de la Nación.
"La Ley dice que hay que reconocer el trabajo de quien haga la exploración y dependiendo de la calificación que se le dé a lo que encuentre se les paga con parte del tesoro encontrado, en el evento de que la comisión diga que no es patrimonio; o con recursos del Estado".
La norma que se discutirá en el Congreso define también sanciones pecuniarias de entre 100.000 a 1 millón de salarios mínimos para empresas o particulares que "cometan hechos no autorizados o lesivos del Patrimonio Cultural Sumergido", quienes serían inhabilitadas por 20 años para nuevos contratos de exploración.
Aún está por verse cómo este proyecto de Ley marque la pauta para el caso del Galeón San José. La Ministra aseguró que el proyecto busca evitar que casos como este vuelvan a suceder y lleguen a demandas, pero no quiso referirse al tema.
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